La asambleísta Pamela Falconí, autora del proyecto de Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada, precisó que la normativa pretende regular estos servicios como objetos de interés público en relación a la salud ciudadana y como tal no se contrapone a la legislación vigente.
Tras precisar que el tratamiento del proyecto es urgente, dijo que beneficia a la clase media ecuatoriana, que con mucho esfuerzo paga, previene y contrata una medicina prepagada y un seguro médico, que es totalmente diferente.
Pamela Falconí explicó que con la medicina prepagada el ciudadano paga mes a mes un servicio de salud, que cuando se enferma tiene que ser justificado documentadamente para recibir los reembolsos correspondientes.
En la figura de seguros médicos está de que uno contrata el seguro y cuando hay un siniestro a uno le devuelven de acuerdo al contrato, pero ahora existe –de acuerdo al superintendente del Poder del Mercado- una tercera figura, que son las prestaciones de clínicas, que se asocian y venden planes y coberturas médicas, de las cuales no existe garantías de su acreditación, sus servicios, protocolos, tratamientos, enfatizó.
La legisladora señaló que el Ministerio de Salud Pública, no ejerce rectoría de salud en el tema, más bien, están aportando y apostando por la aprobación de esta Ley.
Pamela Falconí argumentó que en la dimensión individual, los usuarios se encuentran muchas de las veces ante indefensión y la arbitrariedad de un sistema de servicios que no proporciona mecanismo de defensa y que modifica de manera autónoma los contenidos, costos y alcances de las prestaciones contratadas.
El proyecto de Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada, cuenta con 16 artículos y dos disposiciones transitorias relacionadas con las obligaciones para los prestadores de servicio de medicina prepagada y seguros médicos y de vida; los mecanismos de control y fiscalización; infracciones; los derechos de los usuarios; entre otros.
La Comisión del Derecho a la Salud, que analiza el tema, tiene plazo hasta el 8 de junio, para presentar el informe para primer debate, según lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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