El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primera instancia el proyecto de Código de Planificación y Finanzas Públicas, que tiene por objetivo garantizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, así como regular su funcionamiento en los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos constitucionales.
Durante el debate, asambleístas de distintas tendencias expresaron su respaldo al planteamiento de vincular la planificación con el manejo de las finanzas públicas, en aplicación del mandato constitucional. No obstante, formularon algunas preocupaciones en el sentido que se trata de un proyecto voluminoso, no solo por los 240 artículos que lo conforman, sino por las derogatorias, que contienen más de 800 artículos, distribuidos en cinco leyes.
En este sentido, destacaron como beneficios la posibilidad de que la ciudadanía participe activamente, no solo en la planificación de la obra pública, sino en la administración misma de los recursos para concretar el buen vivir.
Varios asambleístas exhortaron a la Comisión de Régimen Económico para que en el informe para segundo debate se revisen aspectos como la facultad que se le otorga al Ministro de Finanzas para mover discrecionalmente hasta el 15% del Presupuesto General del Estado aprobado por la Asamblea, así como la conveniencia o no de trasladar las atribuciones que hoy le corresponden a esa cartera de Estado, antes en manos de la Agencia de Garantía de Depósitos, al Fideicomiso no Más Impunidad.
Igualmente, evidenciaron que en la discrecionalidad del Ministro de Finanzas para reformar el Presupuesto estarían en juego alrededor de 3 000 millones de dólares, lo cual es inconveniente para el desarrollo de las finanzas públicas. Así mismo, el incrementar al 50% del Producto Interno Bruto, PIB, la capacidad de endeudamiento público, sumado a la posibilidad de que los gobiernos autónomos descentralizados, GAD, puedan contraer empréstitos hasta el 200% del total de sus ingresos, tornaría inmanejable el endeudamiento estatal.
La normativa que contiene 193 artículos, 17 disposiciones generales, 17 transitorias, cinco derogatorias y una final; establece disposiciones que regulan el ciclo de las políticas públicas en todas sus fases, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual del sector público, el Presupuesto General de Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas; y, todos los recursos públicos y demás instrumentos aplicables a la planificación y las finanzas públicas.
El código contribuirá a la garantía de derechos de la ciudadanía por medio de las políticas públicas, la asignación equitativa de los recursos públicos y la gestión por resultados; fomentará la participación ciudadana y el control social en la formulación de la política pública que reconozca la diversidad de identidades; aportará a la construcción de un sistema económico social, solidario y sostenible, que reconozca las distintas formas de producción y de trabajo, y promoverá la transformación de la estructura económica primario-extractivista-exportadora, las formas de acumulación de riqueza y la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo.
Así también, promoverá un ordenamiento territorial equilibrado, ley marco de la unidad del Estado, que reconozca la función social y ambiental de la propiedad y que garantice un reparto equitativo de las cargas y beneficios de las intervenciones públicas y privadas; fortalecerá el proceso de construcción del Estado Plurinacional e Intercultural, y contribuirá al ejercicio de derechos de los pueblos, nacionalidades y comunidades; fortalecerá la soberanía nacional y la integración latinoamericana a través de las decisiones de política pública; y, propiciará a través de la política pública la convivencia armónica con la naturaleza, su recuperación y conservación.
La propuesta también constituye un instrumento jurídico para la planificación y se estructura en función de tres ejes: el régimen del desarrollo, la garantía de los derechos del buen vivir y el nuevo modelo de Estado. Se destaca como principal desafío el devolver la rectoría del ámbito de la planificación al Estado.
Se identifican aspectos como la vinculación entre la planificación y presupuesto; la gestión fiscal plurianual; se redefine el concepto de endeudamiento público dando la suficiente flexibilidad a instrumentos financieros modernos; se mejoran los límites de endeudamiento para los gobiernos autónomos descentralizados en función de su capacidad de pago; entre otros.
La Comisión de Régimen Económico, presidida por el asambleísta Francisco Velasco, deberá sistematizar las observaciones para elaborar el informe previo para segundo debate.
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