El pleno de la Asamblea Nacional, sin ninguna objeción, tramitó en primer debate el proyecto de Ley Derogatoria No. 1 para la depuración de la normativa legal cuya propuesta fue analizada por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo.La asambleísta recordó que la Presidencia de la República envió un proyecto de ley derogatoria de 1.400 decretos leyes y la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, luego del análisis correspondiente acordó proyectar este trabajo hasta el próximo año, incluyendo una derogatoria de alrededor de cien normas cada mes.
El organismo legislativo, en forma oportuna, solicitó al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, y a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), la autorización para tratar el proyecto por partes, que se aprueben como leyes diferentes, en virtud de la necesidad de realizar un análisis del contenido de cada una de las leyes que se están derogando, por temas y capítulos.
El asambleísta Andrés Paéz señaló que éste es el primer cuerpo que contiene 106 normas que acusan obsolocencia y caducidad, porque no se pueden calificar de otra manera a un sinnúmero de leyes, decretos supremos, decretos leyes, decretos legislativos, decretos leyes de emergencia, codificaciones, entre otras normas que en definitiva no justifican su presencia en el ordenamiento jurídico del Estado.
Indicó que las normas que proponen la derogatoria versan sobre los monopolios del Estado, alcohol, tabaco, sal, que en definitiva fueron desmonopolizados y que no tienen ninguna vigencia. Algunas normas que fueron ya cumplidas y ejecutadas, como las obras de infraestructura que a través de leyes se dispusieron que se ejecuten; proyectos de ley que fueron terminados y proyectos de diferentes naturaleza como de crédito que cumplieron su rol y ya no tienen razón para estar vigentes.
Agregó que también se refieren a expropiaciones que se cumplieron, donaciones que fueron perfeccionadas, intereses de varias entidades crediticias que fueron condonadas, corporaciones que se crearon por actos normativos y que ya fueron extinguidas, comisiones que cumplieron sus propósitos y que desaparecieron.
Al insistir que en estos 106 cuerpos jurídicos se consagran disposiciones obsoletas y caducas que no justifican su existencia, recalcó que es necesario depurar el ordenamiento jurídico del Estado para que el Ecuador pueda contar con una normativa simplificada, más sencilla sin tanta disposición que ya no tiene razón de existir y, sobre todo, que las nuevas normativas que se aprestan a configurar para poder desarrollar los preceptos constitucionales de la Constitución puedan entregar en rigor sin ninguna otra normativa que por su antigüedad pueda de alguna manera oponerse.
Sostuvo que el proyecto de ley tiene su origen en el caótico ordenamiento jurídico, como consecuencia de rupturas constitucionales, expedición de nuevos textos constitucionales, expedición de un sinnúmeros de leyes, decretos supremos, reglamentos y una cantidad desorbitante de cuerpos jurídicos que han hecho del ordenamiento jurídico del país crítico un sistema que no tiene la ordenación ni las características que fueren deseables.
María Paula Romo dijo que hay que reconocer dos intentos como antecedes del proyecto: el uno es el trabajo que hizo la entonces Comisión de Codificación del Congreso Nacional y el otro en la época del ex presidente Gustavo Noboa que se pretendió resumir en una derogatoria a través de decreto ejecutivo que derogaba 2000 normas legales, decreto que no podía derogar leyes a través de decretos ejecutivos, por lo que hoy se retoma el tema.
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