Proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial pasó primer debate

Martes, 13 de abril del 2010 - 22:57 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

El Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión 37, tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y el control en esta materia, así como proteger a las personas y bienes que se transportan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, en aras del bienestar general de los ciudadanos.

 

Dentro de las principales modificaciones se establecen definiciones de preferencias con respecto a la movilidad de personas con discapacidad, niñas, niños y demás personas de atención prioritaria; que las multas tengan un valor único y no estén sujetas a la subjetividad del juzgador; que las licencias sean otorgadas con 60 puntos (hoy son solo 30) y que su vigencia sea de 10 años (actualmente 5 años).

El régimen de reducción de puntos en la licencia, por las infracciones cometidas, se sujetará a una tabla específica que contempla: para las contravenciones leves de primera clase 1,5; de segunda clase 3; de tercera clase 4,5; contravenciones graves de primera clase 6; de segunda clase 7,5; de tercera clase 9; contravenciones muy graves 10; y, delitos, de 11 a 30 puntos.

Así mismo, se incluyen disposiciones relativas a la gestión de las escuelas de conducción e institutos técnicos de educación superior autorizados por el Consejo de Tránsito, los cuales estarán facultados para dictar cursos de capacitación y de recuperación de puntos de las licencias de conducir.

En cuanto a las contravenciones, el proyecto prevé que aquellas que no sean impugnadas dentro del término de tres días, se entenderá la aceptación voluntaria del infractor y el valor de la multa será cancelado en las oficinas de recaudaciones de los organismos de tránsito provinciales de su jurisdicción o en cualquiera de los bancos autorizados para tales cobros, dentro de los 10 días siguientes a la emisión de la boleta. La acción de cobro prescribirá en el plazo de cinco años. Únicamente las contravenciones que fueren impugnadas por el infractor serán juzgadas por los respectivos jueces.

La propuesta considera que el límite máximo tolerable de concentración de alcohol en la sangre será de 0,3 gramos por litro, mismo que en el caso de los menores adultos mayores de 16 años éste corresponderá el 0,0 gramos por litro, como medida para salvaguardar la vida de los ciudadanos.

Igualmente, se crea el Fondo de Prevención Vial de Accidentes de Tránsito, FPVIAL, que se financiará con el 3% de las primas emitidas por todas las operadoras del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT.

Se norma la aplicación de sanciones para el caso de los conductores extranjeros que presten servicio de trasporte de personas y bienes en las provincias fronterizas.

Durante el debate, los diversos sectores legislativos (hubo 28 intervenciones) subrayaron que el problema de la accidentabilidad en materia de tránsito no es consecuencia de los vacíos que puedan existir en la ley, sino de las dificultades para aplicar las sanciones y multas, sobre todo porque los juzgados de tránsito no tienen la capacidad operativa para cumplir con su labor, por lo que es necesario que se dé paso a la creación de los juzgados de contravenciones, que serán los encargados de agilizar los procedimientos en materia de tránsito.

También preocupa a los asambleístas el tema de las licencias por puntos, pues no se trataría solamente de un aspecto eminentemente numérico, es decir que se suba de 30 a 60 o más puntos, sino que es necesario generar una cultura de tránsito y seguridad vial, en la cual tanto conductores como peatones conozcan a ciencia cierta cuáles son sus derechos, deberes y la responsabilidad de cada uno de ellos frente a la colectividad.

La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, presidida por la asambleísta Saruka Rodríguez, deberá recoger todas las observaciones formuladas en el Pleno, analizarlas, sistematizarlas y elaborar el informe previo al segundo debate, para lo cual tiene el plazo de 45 días.

EG

 

 

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