En la continuación de la sesión 152 del Pleno, con la presencia de varios pobladores que trabajan en el sector Manglar del país, el presidente de la Comisión de Biodiversidad, Rolando Panchana, al señalar que el ecosistema manglar en un conjunto de hábitats con características acuáticas y terrestres, conformado por bosques hidrófilos leñosos y cientos de especies de fauna, además de micronutrientes y componentes abióticos, suelo y agua circundantes, indicó que a través del proyecto de Ley de Protección Ambiental se establecen medidas efectivas para precautelar el área de manglar, de conformidad con lo que determina la Constitución, que lo reconoce como un ecosistema frágil y amenazado.
Panchana explicó que el proyecto, de iniciativa del asambleísta Línder Altafuya, contenía algunas inconsistencias como, por ejemplo, que varios artículos repetían disposiciones de rango constitucional que no se desarrollaban en la ley; que el objeto descrito era demasiado amplio y confuso; planteaba que las comunidades tienen el derecho de administrar y gestionar el ecosistema frágil, entre otros aspectos.
Al sostener que el documento fue ampliamente socializado con todos los sectores involucrados, aseveró que los integrantes del organismo resolvieron cambiar el nombre del proyecto por Ley Orgánica de Protección Ambiental del Ecosistema Manglar, tomando en cuenta que la conservación del ecosistema y la restauración, son principios que se los debe alcanzar por medio de medidas efectivas, en este caso, la ley es una herramienta adecuada para logar este objetivo.
Enfatizó que la Comisión de la Biodiversidad y Recursos Naturales acogió, en su gran mayoría, la propuesta inicial, reconociendo la necesidad de legislar una materia fundamental para hacer realidad el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tras señalar que en la actualidad existe una dispersión normativa y reglamentaria en lo relativo al ecosistema manglar, volviéndose indispensable se dicte una ley orgánica que lo regule, teniendo que observarse en todo momento lo que dispone el artículo 395, numeral 4 de la Constitución de la República, principio pro natura.
Recordó que el Ecosistema Manglar es un bien estatal, que solo podrá ser afectado únicamente por declaratoria de interés nacional y explotado racional y sustentablemente, mediante concesión.
Dijo que en la normativa se reconoce la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente en las áreas protegidas (que poseen manglar) en su administración y gestión; una autoridad nacional ambiental como ente rector de la política pública respecto de la conservación, recuperación, restauración, regeneración, valoración, uso, manejo y administración de los recursos del ecosistema manglar; se declara de interés público la forestación y reforestación del ecosistema manglar, se dispone que entre el Ministerio del Ambiente y el CLIRSEN se establezca la línea base para definir los avances respecto de las áreas forestadas, deforestadas y reforestadas del ecosistema manglar.
Así mismo, en la normativa se determina la necesidad de establecer vedas totales o parciales respecto de la captura de especies ovadas o en épocas de reproducción de los recursos faunísticos del manglar; que se realice bajo la autorización del Ministerio del Ambiente, investigaciones científicas del ecosistema manglar, con la respectiva participación de las comunidades, para lo cual se deberá el Plan Nacional de Investigación Científica, con la colaboración del SENESCYT.
En el debate de este tema, Lucio Cacero, representante de los pueblos ancestrales del Ecosistema Manglar del Ecuador, al ser recibido en comisión general, pidió a los parlamentarios analizar a profundidad este tema en virtud de que este sector ha venido luchando por muchos años por la conservación del ecosistema manglar que ha sido destruido, principalmente, por la industria camaronera de las cuales han dejado solo el 25% de los manglares naturales que existen en la actualidad.
Dijo que han sido desplazados de su habitad y por ello consideran necesario que se deben tomar en cuenta todas sus aspiraciones, convivencias y experiencias en el proyecto de ley para que se garanticen sus derechos.
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