La Comisión de Biodiversidad, presidida por el asambleísta Rolando Panchana, inició el trámite del proyecto de Ley de Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, de iniciativa de la legisladora María Molina, quien acudió a este organismo para explicar el alcance y objetivos de su propuesta.
En esta reunión de trabajo, María Molina recordó que es obligación del Estado proteger a las personas, colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la prevención, mitigación de los desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, por ello, se pone una mirada hacia estos aspectos, es decir, lo social, económico y la naturaleza.
Además, indicó que se propone la creación del Subsistema Nacional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.
Agregó que el proyecto busca garantizar la seguridad integral de los habitantes, el orden público y el buen vivir, así como proteger a la naturaleza, mediante la implementación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, que permitirá la prevención, mitigación y recuperación ante riesgos naturales y antrópicos.
La asambleísta del Cañar aseguró que el incremento de lluvia, temperatura, humedad del aire, sequías, inundaciones, erupciones y demás fenómenos, provocan un mayor impacto en los diversos sectores socioeconómicos: salud, educación; agricultura, vialidad, entre otros, por lo que es necesario que los organismos estatales, sectores sociales y productivos, aseguren la disponibilidad de los recursos necesarios para implementar acciones de preparación para afrontar los efectos adversos de los desastres naturales.
Según la legisladora, en la actualidad subsisten miles de ecuatorianos y ecuatorianas, en su mayoría los más pobres, que sufren las consecuencias de los desastres y, por ende, están más vulnerables a los riesgos que afectan a la salud, vivienda, agricultura, educación, infraestructura y, en general, el acceso a bienes y servicios. Por ello, sensible ante las necesidades sociales, presentó este proyecto de Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.
Precisó que el marco normativo en el que se basa la Secretaría Nacional de Riesgos para actuar es disperso, no desarrolla los contenidos constitucionales en esta materia; no concreta las funciones constitucionales que le corresponde, tampoco explica los principios que le ampara y el marco constitucional es claro respecto a la necesidad de la existencia de una ley que regule al sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos y que determine el organismo técnico rector, ley que hasta el momento no existe
La Comisión de Biodiversidad aprobó un cronograma para que las universidades del país, los ministerios de Ambiente; de Patrimonio; de Agricultura; de Turismo; de Recursos Naturales no Renovables; de Salud; del Interior, así como los de Coordinación de Seguridad y de los Sectores Estratégicos, puedan acudir a este organismo para dar sus aportes a este proyecto.
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