El rector de la Universidad de Cuenca, Jaime Astudillo Romero, al señalar que uno de los desafíos más importantes de la época actual es alcanzar un sistema educativo superior de calidad, apoyó decididamente la iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, en el sentido de incorporar en la Ley Orgánica de Servicio Público una disposición general que deje insubsistentes los nombramientos de los funcionarios, servidores públicos y personal docente que hubiere ingresado al sector público, sin concurso de méritos y oposición, a partir de la vigencia de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Carta Magna.
El principal de la Universidad denunció que 38 profesores accidentales presentaron ante los jueces de Cuenca acciones de protección, reclamando estabilidad laboral, de los cuales la universidad, en primera instancia, tuvo resultados positivos en 15 casos, pero cinco fueron ganados en segunda instancia por los recurrentes, lo cual obliga al centro superior a extender los nombramientos sin haber cumplido los respectivos concursos de oposición y méritos.
Astudillo explicó que los recurrentes ligan su pedido ante los jueces, supuestamente amparados en un artículo de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (Loscca), que a su criterio no es aplicable al sistema laboral de los docentes universitarios, por cuanto ellos están sujetos a un régimen específico de contratación.
Dijo que en función del fallo positivo de los jueces han logrado estabilidad los profesores que tenían menos de un año ejerciendo la docencia o un tutor que fue contratado solo para dirigir dos tesis. Esto evidencia la clara violación del artículo 228 de la Constitución, que determina que el ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concursos de méritos y oposición, en la forma que determine la ley.
Igualmente, insistió en la necesidad de que el Pleno apruebe el artículo 66 del proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior, que establece claramente que los profesores e investigadores son servidores públicos sujetos a un régimen propio, que estará contemplado en el reglamento de carrera docente del sistema de educación superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, sanciones, jubilación y cesación.
A la vez, propuso que en esta misma normativa se incorpore un texto similar al propuesto por el Titular de la Asamblea Nacional, relacionado específicamente con los profesores e investigadores universitarios para que el ingreso a la docencia sea a través de concursos.
Finalmente, expreso su acuerdo con el esfuerzo realizado por la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología para proteger el proyecto que permite construir una universidad de calidad en el Ecuador.
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