Rectores de nueve universidades y escuelas politécnicas fueron recibidos por el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, quienes le solicitaron que en la nueva Ley de Educación Superior se tomen en cuenta sus aportes, a fin de lograr el diseño de un cuerpo legal que garantice la calidad y el carácter público y social de la educación superior.
En este marco, plantearon que se respete su autonomía como una condición esencial para la vida universitaria, la misma que debe ser respetada en los términos que establece la Constitución y que se asigne el 5% del Presupuesto General del Estado para las universidades y escuelas politécnicas públicas y cofinanciadas, debiendo mantenerse como segmento de esta participación las rentas establecidas en el FOPEDEUPO, así como las compensaciones por la donación del Impuesto a la Renta y la gratuidad de la enseñanza, tomando en cuenta que los centros de educación superior pública no solo requiere de fondos para sobrevivir, sino para financiar su crecimiento y desarrollo cualitativo.
El titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, destacó que en la Legislatura se construyen las leyes con la participación activa de sus actores y en muchas ocasiones los comisionados salen a provincias para buscar los insumos necesarios para elaborar una ley acorde a la realidad del sector, por lo que les pidió acudan a las reuniones de la Comisión de Educación, a fin de que expongan sus propuestas y sean tomadas en cuenta en el informe para segundo debate.
También les invitó a la sesión del Pleno que para el efecto se desarrollará el próximo jueves 12 de noviembre y les garantizó las condiciones para que sus propuestas sean escuchadas.
Entre los aspectos que se podrían llegar a acuerdos, dijo, es el establecer el 5% del Presupuesto General del Estado para la educación superior y crear una normativa que beneficie a todos sus actores. Veo con mucho optimismo que con las universidades no habrá conflictos sino más bien acuerdos consensuados, ya que no existe la intención de dañar a las universidades e inmiscuirse desde el Estado equivocadamente en esta área, aseguró.
Alfonso Espinosa, rector de la Escuela Politécnica Nacional, explicó que conforme establece el artículo 353 de la Constitución, el sistema de educación superior debe regirse únicamente por dos organismos, al tiempo que aseveró que para asegurar la coordinación interna del sistema y una adecuada relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva, en la conformación del Consejo deben participar las más altas autoridades académicas del Sistema de Educación Superior.
Insistió en la necesidad de asegurar el carácter público de la educación superior; que en la conformación del Consejo y en los organismos consultivos del sistema se mantenga una representación mayoritaria de las universidades y escuelas politécnicas públicas, instituciones que alberguen el mayor número de estudiantes.
Sostuvo que en concordancia con la planificación del desarrollo nacional y local, la aprobación de carreras y programas formativos y de investigación, debe seguir siendo una atribución privativa de las universidades y escuelas politécnicas.
Entre tanto, Jaime Astudillo, rector de la Universidad de Cuenca planteó que en ejercicio de la autonomía, la comunidad universitaria pública debe participar en cogobierno en la definición de su organización académica y administrativa.
Sostuvo que los miembros del directorio del CONEA deben ser personas de reconocido prestigio y absolutamente independientes tanto del Ejecutivo como del Sistema de Educación Superior.
Añadió que los profesores e investigadores universitarios y politécnicos requieren un régimen laboral propio en consideración a su específica función académica, por lo que la ley debe determinar que se regirán por un escalafón y un régimen laboral especial. La jubilación de los servidores universitarios y politécnicos está ligada con la innovación académica y la renovación del personal, por ello planteó que se mantengan las políticas de incentivo para la jubilación.
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