Los asambleístas, en la sesión 99 del Pleno, debaten en primera la reforma a la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, de iniciativa del Ejecutivo, que tiene como propósito establecer medidas administrativas cuando las personas de derecho privado, naturales o jurídicas, por acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, por tanto, la autoridad competente adoptará las medidas administrativas correspondientes.
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La Comisión de Biodiversidad preparó el informe en el cual se determina el decomiso de las especies de flora y fauna o materiales obtenidos ilegalmente, así como la retención de los bienes utilizados para cometer la infracción.
En caso de que dichos bienes estuvieren localizados en lugares de difícil acceso y movilización, se adoptarán las medidas adecuadas y pertinentes que garanticen su inoperatividad e inutilización, hasta que mediante resolución se disponga el decomiso y el destino de los bienes.
La propuesta establece normas en caso de decomiso y destino de los bienes, así como de las especies.
La presidenta del organismo legislativo, Rosana Alvarado, ponente del proyecto, resaltó que el Estado debe adoptar políticas y medidas que impidan los impactos negativos que puede ocasionar la explotación de los recursos naturales, garantizando los derechos de la naturaleza, así como de los pueblos y nacionalidades ubicadas en determinadas zonas consideradas ricas en biodiversidad.
Uno de los aspectos que merecieron amplio análisis y debate en la comisión fue que la propuesta original del Ejecutivo constituía una forma de confiscación de maquinaria, medida prohibida por la Constitución. Si bien se quiere evitar la contaminación ambiental, los comisionados consideraron necesario ampliar las posibilidades para una adecuada utilización de la maquinaria en el desarrollo del sector donde se produce esta actividad.
Así mismo, dijo que la destrucción de la maquinaria se podría aplicar si ésta se encuentra en lugares de difícil acceso, siempre que el costo de esta medida no supere el precio de lo que se pretende destruir.
Los asambleístas consideraron de vital importancia precisar qué sucederá con la flora, la fauna y bienes decomisados; la propuesta es que estas especies sean reinsertados en su hábitat, entre otras alternativas.
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