El asambleísta Fernando Cáceres, autor del proyecto de reformas al Código de Comercio, aseguró que en el cuerpo legal se establece un articulado mediante el cual se busca transparentar la actividad que realizan los comerciantes, a fin de evitar irregularidades como el contrabando o la evasión de impuestos y terminar con la informalidad.
Indicó que en el país más de cuatro millones de personas son parte de la población económicamente activa (PEA), de los cuales, el 50% trabaja en la informalidad, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), y, muchas actividades, inclusive, de los pequeños comerciantes de la calle, están cayendo en la informalidad, porque no están contempladas dentro del Código, por lo que el primer paso para controlar este fenómeno será emprender en el país un nuevo registro donde se regularicen las cuentas que llevan los vendedores.
Según el proyecto, los comerciantes que cuenten con un capital de cinco mil dólares estarán obligados a inscribirse en el Libro de Matrículas de Comercio, en el Registro Mercantil, del cantón al que pertenecen; así mismo, se determina que quienes cuenten con un capital en giro de 140 000 dólares, o más, deberán llevar su contabilidad en, por lo menos, cuatro libros: Diario, Mayor, de Inventarios y de Caja.
Explicó que en este registro se incluyen también a los corredores, inclusive de bienes raíces; los martilladores, agentes de comercio y comisionistas, ya que existen personas que tienen ingresos extraordinarios pero que caen en un ámbito informal, porque no tienen el control correspondiente.
Fernando Cáceres precisó que, según el Censo Nacional Económico 2010, desarrollado por el INEC, en el país existen 511 130 establecimientos económicos, de ellos 88 913 están en Guayaquil, por lo que reiteró que la reforma busca transparentar la actividad que realizan los comerciantes.
El parlamentario agregó que en el documento, que contiene 969 artículos, se establecen también otros aspectos que respaldan la actividad diaria de los vendedores, así por ejemplo, si entre la fecha del contrato y la entrega del producto disminuyen las condiciones económicas del comprador, el comerciante no estará obligado a entregar el bien, aun cuando haya dado plazo para el pago del precio.
Dijo que la normativa determina que se cumplan algunos derechos para quienes están vinculados a la actividad comercial, como el pago de un salario justo y la afiliación del seguro.
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