El proyecto prevé que el anticipo del Impuesto a la Renta a sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad se convierta en un impuesto mínimo, con el propósito de reducir la evasión fiscal, además integrar los dividendos como parte de la renta global, para lograr mayor equidad entre las sociedades que pagan el 25% y las personas naturales que pagan hasta un 35% de impuesto sobre las rentas.
Se grava con Impuesto al Valor Agregado, IVA, a la importación de servicios, a fin de armonizar con la normativa internacional y equiparar la opción de competencia de precios entre los ofertantes nacionales con los internacionales. Se incluye en la base de artesanos que se acogen a tarifa cero del IVA, a los calificados por el Ministerio de Industrias y se establece un límite de hasta 60 000 dólares en ventas.
En lo que se refiere al Impuesto a los Consumos Especiales, se cambia el sistema ad valorem hacia un gravamen específico en cigarrillos y gaseosas y un sistema mixto para las bebidas alcohólicas, como medidas para reducir la inequidad en el pago del tributo y fortalecer las políticas de salud pública.
La propuesta legal incrementa del 1% al 2% la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, con un monto de 500 dólares como base exenta de este tributo.
En el debate se expusieron diversos criterios, algunos de los cuales se orientaron hacia un eventual archivo del proyecto, por considerar que el incremento de impuestos desestimula la inversión productiva y afecta fundamentalmente a los sectores medio y bajo de la población.
A juicio de los representantes de Alianza PAIS, el objetivo de las reformas es disminuir el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas, que tanto daño hacen a la población y obligan al Estado a invertir en la remediación de enfermedades y otros efectos colaterales que producen el tabaco y el alcohol.
Desde sectores de oposición se formularon cuestionamientos a la política tributaria del régimen, que afecta a la población, sobre todo porque la creación de nuevos tributos o el incremento de los ya existentes, genera desempleo, incentiva el contrabando en algunas actividades, como en el caso del tabaco y la bebida.
Se criticó que, a la par del crecimiento de la recaudación tributaria se haya incrementado el gasto público, pues cerca de cinco mil millones de dólares se destinaron para pago burocracia, cuando esos recursos debieron ser redistribuidos en educación, vivienda, salud.
Igualmente, hubo posiciones que propugnaron la posibilidad de construir una agenda de país, con propuestas y decisiones que estimulen el desarrollo, para sacar de la pobreza al Ecuador, pero no por la vía de la creación de impuestos.
Otros asambleístas consideraron que hay elementos que se deben discutir y conceptualizar, como por ejemplo en qué consiste la inversión social y qué es gasto corriente.
En torno al tabaco y las bebidas alcohólicas, subrayaron que es necesario contrarrestar la cultura de consumo de estos productos, sobre todo para prevenir la salud de las actuales y futuras generaciones y, de alguna manera, el aumentar el impuesto a este sector hace que la gente se abstenga de consumirlos.
El proyecto retornó a la Comisión del Régimen Económico y Tributario, presidida por el asambleísta Paco Velasco, a fin de que en el plazo de 45 días procese las observaciones formuladas en el Pleno, las sistematice y elabore el informe para segundo debate.
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