En el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería, los parlamentarios de distintas bancadas legislativas dieron sus aportes a temas relacionados con las regalías, acciones y participaciones, el cambio de matriz productiva, proteger las fuentes de agua y ciertos bienes que están en la superficie, que el Fiscal solicite al juez la destrucción de maquinaria fueron los temas que mayor interés concitaron en la sesión 237 del Pleno.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Oswaldo Larriva, solicitó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira le conceda el tiempo necesario para analizar las observaciones planteadas por los asambleístas y poder presentar el texto final del proyecto que será votado en el Pleno de la Asamblea Nacional. La Titular de la Legislatura aceptó este pedido y suspendió el debate de este tema.
En el debate se destacó que con el cambio de la matriz productiva y la explotación minera servirá para construir escuelas, universidades, puentes, mejoras de salud, entre otros aspectos, para combatir la pobreza y la desigualdad y avanzar a un mejor futuro para los ecuatorianos a fin de alcanzar el buen vivir.
El asambleísta Luis Fernando Torres indicó que a través del proyecto se consagran excepciones como por ejemplo en el artículo 22 que hace referencia a las transferencias de acciones o participaciones, determina que solo cuando se transfiere más del 50% tiene que inscribirse en el Registro Minero y por tanto pagar el 1%.
De su lado, el legislador Esteban Melo indicó que durante estos años la economía del país se ha centrado en dos sectores el petrolero y no petrolero y a través de este proyecto de ley se abre una nueva forma de cambio de matriz productiva en el país, lo cual permitirá generar competitividad, reduciendo trámites administrativos, haciendo un país atractivo para la inversión extranjera tomando en cuenta que Ecuador es un país eminentemente minero y lo fundamental es que se reconoce la mediana minería que no consta en la Ley de Minería.
Raúl Auquilla pidió al Presidente de la Comisión de Régimen Económico que analice a profundidad el artículo 18 del proyecto, que dispone que el 60% de las regalías sea administrado por el gobierno central y no por los gobiernos municipales que podrían implementar obras de infraestructura básica.
La parlamentaria Marisol Peñafiel planteó que en las reformas se establezcan parámetros claros en lo que tiene que ver con la legalización de aquellas empresas mineras que han venido trabajando al margen de la ley en la explotación de recursos naturales; que se protejan las fuentes de agua y ciertos bienes que están en la superficie, ya que es un patrimonio estratégico, tomando en cuenta que de acuerdo con estadísticas alrededor de 400 toneladas de residuos de la minería van a los ríos del Ecuador. En cuanto a la patente por conservación dijo que se debe clarificar el pago de esta patente cuando se refiere a zonas que tienen mayor afectación, a la vez que propuso que el Fiscal solicite al juez la destrucción de maquinaria para evitar un posible conflicto jurídico.
Mientras que la legisladora Ximena Ponce señaló que a través de esta normativa se busca eliminar la pobreza y desigualdad. Insistió que se debe implementar una valoración de la actividad minera a través de la Agencia de Regulación y Control a la vez que pidió un análisis de la composición de minerales, así como de las reservas. Gabriel Rivera subrayó que la explotación minera servirá para construir escuelas, universidades, puentes, mejoras de salud, etc.
Por su parte la asambleísta Magaly Orellana precisó que se pretende engordar los bolsillos de las concesionarias transnacionales, al tiempo de indicar que es contradictorio que el régimen continúe con la voracidad extractivista en la Amazonía ecuatoriana.
Jimena Peña al informar que participó de la socialización del proyecto con los sectores involucrados, subrayó que quienes se dediquen a esta actividad recibirán capacitación, lo cual permitirá evitar la destrucción de la naturaleza y actuar en base al nuevo proceso minero, al tiempo de hacer un llamado a los parlamentarios a votar por el futuro y la consecución del buen vivir.
De su lado, Bolívar Castillo precisó que el cambio de matriz productiva debe ser aprovechado por otros sectores del Ecuador. Queremos una ley para para desarrollar otros sectores económicos, dijo al sostener que es indispensable hacer de la minería un punto de apoyo a la descentralización y que del 60% de las regalías, la mitad debe ir a los gobiernos parroquiales y a los grandes proyectos de carácter regional.
La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado recalcó que no puede quedar a decisión del fiscal la destrucción de maquinaria, cuya función le compete a la Agencia de Regulación y Control.
Carlos Viteri recordó que la minería en Ecuador es una práctica ancestral con una explotación caótica por parte de la minería artesanal y con la reforma a la Ley de Minería se busca proteger al medio ambiente.
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