Dentro del proceso de socialización del proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, convocado por la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agrario y Pesquero, que preside el legislador Miguel Carvajal, este viernes, en el salón Nela Martínez, se cumplió la tercera jornada, con la participación de representantes de 20 organizaciones nacionales, 14 de carácter provincial y delegados de cámaras de la producción, floricultoras y agricultores de la zona norte del país.
Al dar la bienvenida a los concurrentes, el titular del organismo legislativo, Miguel Carvajal, agradeció la respuesta de las diferentes organizaciones, gremios y asociaciones campesinas, agrícolas, productivas, porque han destinado tiempo y esfuerzos para ser parte de la construcción de la Ley de Tierras.
Recordó que al inicio de su gestión, la Comisión de Soberanía Alimentaria resolvió agilizar el trámite de algunos proyectos de ley que no habían tenido el ritmo de trabajo deseado. Así, por ejemplo, se impulsó la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, incluida la consulta prelegislativa a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, sobre el posible impacto de esta normativa en sus derechos colectivos. Esta ley está en vigencia, enfatizó.
Otra de las leyes que requerían un impulso es, precisamente, la de Tierras y Territorios, para lo cual había que partir de cinco iniciativas, una de ellas proveniente de la ciudadanía. “Tuvimos cerca de 45 reuniones con organizaciones y una veintena más con otros sectores para redactar el texto borrador que hoy está en sus manos, que fue aprobado el 2 de octubre”, añadió.
Carvajal explicó que este proyecto de ley tiene implicaciones generales relacionadas con el desarrollo rural integral; una nueva institucionalidad que supere las dificultades que tiene en la actualidad, puso como ejemplo que más de 30 mil procesos no han sido resueltos por la Subsecretaría de Tierras.
Se debe, igualmente, garantizar la producción y la productividad; desarrollar en la ley el principio por el cual la tierra debe cumplir una función social y ambiental; dar seguridad a las tierras rurales; determinar en qué consiste el latifundio, que está prohibido por la Constitución. En este caso, se deben considerar las condiciones particulares de cada región, ya que no tiene la misma incidencia la extensión de tierra en zonas altas que en la costa o en la amazonia, agregó.
En esta normativa, continuó, hay que fomentar el desarrollo sostenido de la producción y, a la vez, determinar con claridad cómo y con qué recursos se creará el fondo nacional de tierra, previsto en la Constitución. También, generar una política pública que propicie la asociatividad.
“Estos son algunos de los temas que contempla el texto borrador del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, pero, seguramente, habrá otros temas que sean importantes que pudieron quedar fuera de del articulado. Por eso, queremos que ustedes, desde sus experiencias en el campo, expongan sus puntos de vista, comentarios y opiniones para incorporar aquellos temas que complementen la normativa”, concluyó.
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