Cerca de 2 000 personas, de los pueblos indígenas de la Sierra, Costa y Amazonía, acudieron a la Asamblea Nacional para entregar a su presidente, Fernando Cordero Cueva, un cuerpo de observaciones a diversos proyectos de ley que están en trámite y un mandado con 18 propuestas que buscan priorizar el fortalecimiento de las organizaciones representativas de este sector, desde su realidad social, cultural, espiritual, jurídica, administrativa, económica y política, así como reorientar el rumbo del país y su gobernabilidad.
A una sola voz, de libertad e igualdad, el asambleísta Marco Murillo, presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), explicó que las propuestas de leyes que se entregan al titular de la Asamblea fueron trabajadas intensamente por este sector, que espera se incluyan en legislación, para terminar con las inequidades que aún subsisten, principalmente en lo social y económico, lo que ha ocasionado un perjuicio evidente a los pueblos indígenas.
En torno a la ley de cultos, señaló que el objetivo ésta es garantizar la libertad de conciencia y de culto, a fin de que no haya beneficio del Estado para nadie, sino reglas claras que regulen los principios, derechos, disposiciones constitucionales, tratados y convenios internacionales. A la vez, solicitó se analice la posibilidad de incorporar en la Ley de Educación Superior la creación de la universidad multicultural del Ecuador (UME), con carácter de estatal, que fomente y desarrolle la interculturalidad.
Seguidamente, Antonio Chichipanta, representante de la iglesia evangélica, colocó un poncho al titular de la Asamblea; le auguró éxitos en sus delicadas funciones, al tiempo que pidió se tomen las acciones legislativas y de fiscalización para erradicar definitivamente el racismo y la discriminación, conforme lo determina el texto constitucional.
Fernando Cordero, al darles la bienvenida a la casa del pueblo, manifestó que la Asamblea tiene como objetivo desarrollar la Constitución, que garantiza los derechos de igualdad e interculturalidad, que deben ser respetados por todos.
“La libertad en igualdad es la más importante garantía establecida en Constitución vigente, por ello, en todas las leyes habrá esa transversalidad en el reconocimiento de la interculturalidad y plurinacionalidad, en un Estado laico, de derechos y justicia, en el que se respete la diversidad religiosa”, añadió.
Explicó que diversas leyes están siendo analizadas por las comisiones especializadas y que las propuestas y observaciones que se formulen serán puestas a consideración del Pleno.
“Ustedes, como mandantes, no nos desamparen, pero tampoco nos dejen de criticar. No nos dejen solos, pero tampoco nos toleren cuando nos equivoquemos. Estamos para servirles, para cumplir los mandatos de ustedes y desarrollar las ideas que estando en la Carta Magna todavía no ha llegado a la ley y a nuestros hogares y al conjunto de aspiraciones que hay en ustedes. Tengan la certeza que en los cambios que haremos en la Ley de Educación Superior se recogerán las aspiraciones e ilusiones del pueblo indígena”, subrayó.
Gracias por venir a traernos esas ideas plasmadas en documentos y gracias por este atuendo maravilloso que lo hago mío, porque creo que la Constitución nos permite respetar a los de poncho, dijo.
De su lado, Pedro Curichumbi Yupangui, ex alcalde del cantón Colta, precisó que el mandato tiene como finalidad ratificar la voluntad política de los pueblos, comunidades, organizaciones e iglesias evangélicas, para el establecimiento de un diálogo intercultural con todos los sectores y estamentos del Estado, a fin de exigir el cumplimiento del mandato constitucional que declara al Ecuador un Estado intercultural, para la instauración de una cultura de paz.
También, entregar a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República las propuestas y observaciones a los proyectos de ley de Recursos Hídricos, Orgánica de Educación general, de Culturas, Código Orgánico, Educación Superior, Participación Ciudadana y de Comunicación, así como entregar el proyecto de Ley de Libertad e Igualdad Religiosa.
En este planteamiento, se exige, entre otras acciones, la inmediata ejecución del Programa de Soberanía Alimentaria, para incrementar y mejorar la productividad agropecuaria de las comunidades indígenas y campesinas; pedir a las autoridades estatales emprendan la lucha contra la delincuencia, la criminalidad e impunidad; trabajen conjuntamente en la aprobación de leyes secundarias que permitan ejercer los derechos constitucionales y colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas; declaren una moratoria política que permita la gobernabilidad orientada a la construcción de consensos entre todos los sectores del país.
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