Representantes de las cámaras de comercio, de industrias y del sector de la academia coincidieron en la necesidad de que el Ecuador tenga una normativa legal en materia de competencia, que permita plasmar en forma efectiva el derecho a la libre empresa.
Los directivos de estos sectores acudieron a la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Saruka Rodríguez, en el marco del análisis y discusión del proyecto deLey Antimonopolio.
La propuesta, presentada por el asambleísta Rafael Dávila, tiene por objetivo tutelar e impulsar la libre competencia de las actividades económicas que produzcan o comercialicen bienes y servicios, así como sancionar aquellas prácticas monopólicas que impidan, restrinjan, falseen o distorsionen las mismas.
La presidenta del organismo legislativo, Saruka Rodríguez, expresó las observaciones de los sectores involucrados en la temática, permitirán elaborar un informe de consenso que beneficie al país, a la vez que anunció que en los próximos días citará a los representantes de las entidades inmersas para conocer su opinión y sugerencias. Para ello elaboró un cronograma de invitados y actividades que desarrollarán los comisionados.
Marcelo Bodero, director jurídico de la Cámara de Industrias de Guayaquil tras señalar que se requieren reglas claras de juego, preguntó si existirá una separación entre el sector público y el privado, tomando en cuenta que existe una clara ingerencia del Estado en el mercado.
El organismo que investigue y sancione las prácticas monopólicas debe ser eminentemente técnico. No puede estar supeditado, ni convertirse en un sistema de vindictas o deseos de perjudicar a una empresa, dijo.
Diseñar políticas de apertura económica
Entre tanto, Heinz Moeller Gómez, del Centro de Investigaciones de Competencias, de la Universidad Espíritu Santo, subrayó que este proyecto es de vital importancia para el país, porque establecerá reglas claras de competencias, pero que para ello, conviene ajustarlo a las normativas internacionales en lo que tiene que ver con el comercio y el desarrollo, a fin de diseñar políticas de apertura económica que permitan alcanzar el bienestar del consumidor, es decir, que obedezcan al derecho de la competencia.
Urge una ley de competencias porque el Estado no tiene las herramientas para velar por las libertades económicas. Por ello hay que compatibilizar esta propuesta legal con el sistema social y solidario, que establece la Constitución. El desafío, entonces, es compatibilizar una ley que allane el camino a la eficiencia económica, es decir, que no existan interferencias indebidas en los mercados que distorsionen sus resultados, de tal forma que afecte al consumidor final, por tanto, hay que buscar el equilibrio entre la sociedad, Estado y mercado, subrayó.
Derecho a la libre empresa
De su lado, Marco Albán, delegado de la Cámara de Comercio de Quito, manifestó que siempre ha sido preocupación de este sector que la Asamblea Nacional apruebe una norma legal que plasme el derecho a la libre empresa, pues “no ha y libre empresa, si no hay libre competencia”.
Comentó que el Estado es un importante agente económico que cuenta con normas legales que dirigen sus compras e incluso tienen orden de adquirir a sus propios agentes públicos, lo cual se vuelve inquietante, porque no se sabe que sucederá con temas de libre competencia para el sector privado.
Por último, pidió a los comisionados definir claramente estos aspectos, ya que la competencia debe ser analizada desde varios puntos de vista para que exista un pleno mercado con niveles de competitividad y se deseche la competencia desleal.
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