Con el propósito de que expliquen, en forma técnica y especializada, el alcance de la posible retención y destrucción de las maquinarias utilizadas por las empresas con las cuales se hubiese cometido daños ambientales, la Comisión de Biodiversidad, presidida por la asambleísta Rosana Alvarado, invitará para la próxima semana a los delegados de los ministerios del Ambiente, Marcela Aguiñaga; y, de Recursos no Renovables, Wilson Pastor, así como a un representante de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
Esta convocatoria se realizará dentro del análisis del proyecto propuesto por el Ejecutivo para reformar el artículo 46 de la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, a través del cual se incorporan medidas administrativas, que se sumarán a las sanciones previstas en la Ley.
En la sesión de 55 de la Comisión de Biodiversidad, los integrantes de la Comisión consideraron de vital importancia que dichos funcionarios expliquen por qué se plantea una medida drástica como la destrucción de la maquinaria cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de protección ambiental, tomando en cuenta que la misma podría, mediante comodato, ser entregada a varias entidades públicas para obra social.
Consideraron conveniente saber las especificaciones y características de las maquinarias que estarían afectando a la biodiversidad, porque no todas realizan trabajos ilegales, por lo que es necesario determinar en qué casos se podría dar esta destrucción.
En el análisis de la propuesta del Mandatario, los asambleístas señalaron que la reforma modificaría un sinnúmero de leyes, entre ellas, la ley minera, el Código Penal, la Ley de Galápagos, la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Codificación Forestal, en las cuales no consta la destrucción de los bienes que se incauten, más bien se habla del decomiso y lo que se podría hacer con estos bienes incautados.
También propusieron que se estudien reformas en el ámbito penal para la responsabilidad de las empresas sobre los daños ambientales, de manera que independientemente del cambio de representante legal, éstas respondan por los delitos al medio ambiente.
Bajo estas consideraciones, resolvieron llamar a los representantes del gobierno para que expliquen varias interrogantes sobre esta temática, argumentos que servirán para preparar el informe para primer debate.
La reforma propuesta por el Jefe de Estado será puesta en conocimiento de las Cámaras de Minería y de Producción para que den sus criterios.
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