En torno a las denuncias presentadas por los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado ante el Pleno, en el sentido que el Consejo de la Judicatura, CJ, de transición habría cometido graves irregularidades, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, aseveró que existen demasiadas razones para llevar a juicio político a los miembros de este organismo, pero que una eventual declaratoria de culpabilidad y destitución requiere de 83 voluntades.
“Sin embargo, todas las bancadas, con diferentes tonos, coincidimos en que son demasiadas irregularidades del CJ, que se han ganado largamente un juicio político, pero no veo esa decisión de iniciar un verdadero proceso de fiscalización. Circulemos una hoja y firmemos el apoyo a este proceso para que vengan los miembros del Consejo de Judicatura a rendir cuentas de sus actos. Reunamos 83 firmas o más, para demostrar al país que queremos fiscalizar”, subrayó.
Añadió que en todo momento se repite que esta Asamblea no fiscaliza, “dejemos de lado todas las dificultades anteriores y hagamos una verdadera fiscalización; que vengan y se defiendan. No será este el único caso en que podamos hacer esto, pero sí el primero y no creo que debamos dejar pasar”, agregó.
Citó como ejemplo lo ocurrido en la provincia del Azuay, donde por fallos judiciales, supuestamente en defensa del derecho al trabajo, se obliga a la Universidad de Cuenca a extender nombramientos a docentes con poco tiempo de ejercicio o sin ninguna experiencia, como el caso de una persona que fue contratada como tutor de tesis, es decir para dirigir, en sus tiempos libres, los proyectos de tesis de determinada facultad, cuando el requisito establecido en la Constitución y la Ley es participar en un concurso de méritos y oposición.
Poner fin a la corrupción
Entre tanto, Marisol Peñafiel (PAIS), destacó que no se trata solamente del deseo de fiscalizar, sino de cumplir con un mandato constitucional para poner fin a la corrupción y a los abusos en los que han incurrido los vocales del Consejo de la Judicatura, con prácticas como el nombramiento de jueces a dedo, la falta de sanción a operadores de justicia que han perjudicado los intereses de la ciudadanía, la subida inconsulta de sueldos de forma, entre otras.
“El nuevo sistema de Estado ya no admite esa forma de nombramiento de funcionarios en ninguna de las instituciones públicas, tampoco se puede dejar pasar la protección a notarios que, como en el caso de la provincia de Imbabura, reviven a personas fallecidas y les hacen comparecer a la celebración de escrituras y cuando se demuestra ante el Consejo de la Judicatura de estos hechos, únicamente se suspende al notario por 15 días”, sentenció.
Nuevo Consejo
De su lado, la asambleísta Lourdes Tibán (PK) formuló un llamado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que agilice el concurso para la designación de los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura, al criticar que este organismo no actúa con base en la ley, sino que acata las disposiciones del Ejecutivo, como ocurrió en el caso de la aplicación de la justicia indígena en La Cocha, provincia de Cotopaxi, tema por el cual fue sancionado un juez de esa jurisdicción.
Reunión de jefes de bancada
Al concluir este debate, la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, María Paula Romo, solicitó al titular de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva, convoque a una reunión de jefes de bancada para determinar el camino a seguir para la fiscalización de los actos del Consejo de la Judicatura.
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