En la reunión del Grupo Geopolítico de América Latina y El Caribe, la primera vicepresidenta del Comité de Mujeres Parlamentarias, Scheznarda Fernández, presentó su segundo informe referente a temas de salud, género, protección de la población civil, desarrollo sostenible, medios de comunicación, entre otros.
En este contexto, la legisladora ecuatoriana destacó que algunos miembros informaron sobre las medidas adoptadas recientemente en sus países desde la adopción de la resolución de la UIP sobre el acceso a la salud como un derecho fundamental: el papel de los parlamentos para abordar los desafíos claves para asegurar la salud de mujeres y niños.
Indicó que, de forma general, muchas de estas iniciativas se han considerado en determinados países, como la prestación de atención médica gratuita para las mujeres embarazadas, la creación de unidades móviles de salud para que las mujeres de las zonas remotas puedan dar a luz en condiciones dignas y la creación de un sistema de seguro de salud para proteger a las personas de bajos ingresos.
Informó que en Uruguay se aprobó recientemente una ley que despenaliza el aborto y se encuentran examinando un proyecto de ley para hacer mamografías y pruebas de Papanicolaou obligatorias como medida preventiva.
En Argentina, la educación sexual ha sido puesta a disposición de las escuelas, donde las mujeres embarazadas recibían un beneficio especial y el aborto se había despenalizado en casos de violación. Estos, dijo la legisladora, son sólo algunos ejemplos de los progresos realizados en el ámbito de la salud de la mujer.
Señaló que el Comité hizo hincapié en que los parlamentos deben adoptar medidas legislativas y judiciales para proteger a los civiles, en particular las mujeres en los conflictos y poner fin a la inmunidad de que gozan los autores de actos de violencia sexual durante y después de los conflictos. También se propuso que las mujeres deben participar en las intervenciones de seguridad, así como en las conversaciones de paz y su seguimiento.
Sobre el tema de comercio justo y de los mecanismos innovadores de financiación para el desarrollo sostenible, el Comité considera que la desigualdad persistente entre hombres y mujeres obstaculiza el desarrollo económico sostenible, por lo que recomendó que en el comercio justo, se debe tener en cuenta el papel fundamental y los derechos de las mujeres rurales que realizan numerosas tareas reconocidas y aún enfrentan dificultades al intentar obtener acceso a la tierra o préstamos.
El Comité además, es partícipe de destacar la insuficiente representación de las mujeres en los consejos de administración y la cuestión de la desigualdad de remuneración.
También, se concluyó que se debe reafirmar los puntos más importantes del documento final de la Conferencia Río+20, en particular, los que piden a las mujeres que se tengan en cuenta los esfuerzos por lograr un desarrollo sostenible.
Sobre el uso de los medios de comunicación, el Comité estima que las leyes eran necesarias para el control de medios de comunicación social, la prevención y sanción de los abusos sin imponer restricciones a la libertad de expresión.
Subrayó, que el Comité consideró la importancia de las medidas voluntarias para incrementar el número de mujeres en el parlamento y el papel crucial de los partidos políticos de presentar candidatas mujeres para las elecciones. También puso de relieve la forma de promover la participación a posiciones de liderazgo dentro del parlamento y en todas las comisiones parlamentarias (evitando su confinamiento a los asuntos sociales y familia).
Además, apoyó el establecimiento de instalaciones dentro del parlamento que permitiría a los hombres y las mujeres parlamentarias con niños pequeños a encontrar un equilibrio entre su vida familiar y política, un tema que el Comité determinó que es especialmente importante para los jóvenes parlamentarios.
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