El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 102 votos, el convenio entre Ecuador y Uruguay para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre la patrimonio y prevenir la evasión fiscal, y su protocolo, porque responde a los intereses del pueblo ecuatoriano toda vez que fortalece el aparato productivo y la producción nacionales.
El ponente del proyecto, asambleísta Gabriel Rivera, subrayó que este es un instrumento jurídico suscrito por los dos estados, en el marco del derecho internacional público y se ajusta al articulado de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que entró en vigor el 27 de enero de 1980 y que fue ratificada por el Ecuador.
Además, se enmarca en los preceptos constitucionales del artículo 416, numerales 1, 4 y 9, que proclaman la independencia, igualdad jurídica de los estados, la convivencia pacífica de estos y la autodeterminación de los pueblos, así como la integración, cooperación, la solidaridad entre las naciones; la promoción de la paz y el reconocimiento de los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de los estados.
Con este convenio se fomenta un nuevo sistema de comercio e inversiones entre estados, que se sustenta en la justicia, solidaridad y la complementariedad. Por tanto, contribuye al desarrollo, fortalecimiento productivo nacional y de las dos naciones, indicó Rivera, al sostener que se favorecerá tanto a las personas naturales, cuanto jurídicas de los dos países.
Uno de los beneficios del convenio será el aumento de volumen de los productos que importan y exportan mutuamente las dos naciones. Se crea un clima de negocios que facilita la actividad económica, gracias a los beneficios recíprocos, por lo que el propósito de este convenio es promover relaciones comerciales y de cooperación internacional en materia tributaria.
Este acuerdo fue concertado en Guayaquil, el 16 de noviembre de 2010, por los representantes autorizados de Ecuador y Uruguay, en el marco de los artículos 6 y 7 de la Convención de Viena, referentes a la capacidad soberana de los Estados a celebrar tratados.
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