La Comisión de Fiscalización de la Asamblea notificó al Fiscal General del Estado, Washington Pesántez Muñoz el inicio del trámite de la solicitud de enjuiciamiento político para que en el plazo de quince días presente sus pruebas de descargo.También notificó a los 33 asambleístas accionantes para que en el mismo plazo presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones. El plazo correrá desde este sábado 27 de marzo.
Las notificaciones se concretaron luego que la Comisión de Fiscalización y Control Político avocó conocimiento de la solicitud y calificó el trámite.
En el caso de la notificación al Fiscal, la misma fue entregada por Juan Pablo Pozo y Ruth Recalde, secretario y prosecretaria de la Comisión de Fiscalización, respectivamente.
Juan Pablo Pozo, informó que la notificación del inicio del trámite de juicio recibió el Fiscal Subrogante. El expediente comprende 518 fojas con todas las pruebas entregadas por los acusadores.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado Andrade, está autorizada para evacuar las solicitudes de las partes y considerar las pruebas de oficio que sean necesarias dentro del proceso.
Después de los quince días de prueba existirá un plazo de cinco días para el informe final motivado.
Como se recuerda, la asambleísta María Paula Romo, con el respaldo de 33 firmas de su bancada (PAIS), acusó al Fiscal General, encargado, de falta de probidad e imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones; de incumplimiento de sus funciones y responsabilidades específicas dentro de la etapa preprocesal y procesal penal de las personas que tienen fuero y en la conducción de las políticas generales de la Fiscalía para lograr sanciones justas e impedir la impunidad; de violar las normas legales y constitucionales en relación con la selección de los funcionarios de la Fiscalía, según un proceso de méritos y oposición y aquellas obligaciones de aplicar el régimen disciplinario interno de la Fiscalía.
Además, de haber diseñado y reformado reglamentos y la estructura interna de la Fiscalía con el objeto de favorecer a determinadas personas y no, necesariamente, con un criterio de funcionamiento técnico y eficiente de la Fiscalía; en lugar de estructurar y dirigir la Fiscalía para perseguir el delito y proteger a las víctimas, el doctor Pesántez ha organizado la estructura de la Fiscalía según sus intereses personales, decidiendo de manera arbitraria cómo proceder en cada caso o a quién se “persigue” y a quién se “protege”, entre otras actuaciones reñidas con la Constitución y la ley.
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