Con la presencia del fiscal General del Estado, Washington Pesantez; y, el Presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral intensificó el debate sobre la inseguridad en el país.El asambleísta Fernando Bustamante, titular del ente legislativo, tras destacar que la seguridad compete a todos, sostuvo la necesidad de coordinar esfuerzos entre las funciones del Estado, Policía, jueces, fiscales, entre otros, a fin de garantizar paz social a la población ecuatoriana, que hoy vive en constante intranquilidad y zozobra.
Indicó que en la próxima semana los comisionados se trasladarían a las zonas de frontera para conocer de cerca la problemática en el sector, en compañía de los Ministros de Gobierno y de Seguridad Interna y Externa.
El fiscal Pesantez describió que entre los años 2008 y 2009 se han presentado 240 mil y 150 mil noticias de delito, respectivamente, a nivel nacional, de las cuales Esmeraldas reporta 4 194, Carchi 1 421 y Sucumbíos 1 950, cifras que causan preocupación, tras explicar que la población carcelaria bordea las 11 mil personas, de la que 847 son extranjeros.
Bajo estos antecedentes, propuso implementar un Plan Nacional de Política Criminal, que la migración sea selectiva, se haga realidad una verdadera rehabilitación social, ejecutar y aplicar los convenios para la repatriación de presos, se incremente, a la brevedad posible, el número de jueces penales y establecer la reformas legales en materia penal que se requieren acorde a la realidad actual. Se mostró partidario de eliminar la figura de la fianza para individuos que cuentan con cinco o más detenciones.
Indicó que en julio pasado se suscribió un convenio interinstitucional para poner en marcha la Unidad de Reacción Inmediata, misma que pretende responder con mayor agilidad en la lucha contra la delincuencia, incluso fuera del territorio nacional.
De su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Benjamín Cevallos, insistió en la necesidad de asignar 80 millones adicionales para modernizar y mejorar el servicio de justicia, al subrayar que se han creado 20 tribunales penales en el país y se han integrado a los miembros de las respectivas cortes, mediante concursos, de las provincias de Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena.
Hemos estado, añadió, en contacto permanente con los ministerios de Gobierno, de Justicia, con el objetivo de diseñar un nuevo Código Orgánico del Sistema Penal, mismo que está en proceso de socialización para luego ponerlo en conocimiento de la Asamblea.
Inquietudes
Los asambleístas Armando Aguilar, Gabriel Rivera y Edwin Vaca coincidieron en expresar su preocupación por el fomento del sicariato y las casas de empeño, que se ha convertido en bandas altamente organizadas que matan y extorsionan sin contemplación alguna.
MG
