Asambleístas de distintas bancadas legislativas coincidieron en la necesidad de establecer reglas claras para el progreso económico del país, amparados en lo que establece el artículo 335 de la Constitución, que determina que se debe establecer los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal, por ello, señalaron que se debe promover una normativa de competencia que garantice el derecho de los emprendedores pero con un enfoque de economía global y no solo nacional.
La normativa debe garantizar el derecho de los consumidores de acceder a productos de calidad y a precios justos que satisfagan sus necesidades, sin excesos ni abusos, a fin de garantizar el buen vivir de la sociedad.
En el proyecto se debe determinar con claridad las atribuciones que debe tener la Junta de Regulación, misma que debe estar conformada por un cuerpo colegiado, con diferentes instancias de la sociedad y convertirse en una instancia de apelación, cuando existan actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, cuando juzguen las distintas prácticas de mercado, en este caso, de las decisiones que tome la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, afectando la acción de protección de una persona y, por tanto, atentando contra sus derechos constitucionales, es decir, garantizar el debido proceso.
En este marco, señalaron que la Junta es un órgano clave en la nueva estructura de regulación de mercados y debe ser el contrapeso de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, mientras que las sanciones o prohibiciones legales deben ser sobre hechos o acontecimientos probados.
Sugirieron que la normativa lleve por nombre Ley Orgánica de Competencia, Regulación y Control del Poder de mercado; pidieron incluir un glosario de términos, al final de la normativa; se debe controlar los abusos monopólicos y oligopólicos con prácticas desleales.
Algunos parlamentarios consideraron que la propuesta del Ejecutivo es inconstitucional, porque no se refiere a una sola materia, sino que abarca temas relacionados al sector financiero y comunicación; que es una ley autoconcentrada, que solo piensa en el país y no como parte de un enfoque de economía global; que se da mucho poder al Presidente de la República para establecer restricciones a la competencia mediante decreto ejecutivo o cuando, de modo excepcional o temporal, pueda definir políticas de precios necesarios para beneficios de consumo popular; hay un desequilibrio en lo que se llamaría monopolios legales públicos con los privados.
Avizoraron la necesidad de clarificar lo que establecen los artículos 46, numeral 1; 66 y 76, numeral 2 del proyecto, porque en la forma como están redactados contravienen la Constitución.
Indicaron que la normativa debe garantizar la competencia en el mercado para alcanzar el buen vivir; están de acuerdo que exista un control para quienes atenten contra los derechos de los consumidores.
Aclararon que no se castigará o sancionará a las grandes empresas, sino a las prácticas desleales y el abuso de posición de dominio; se garantiza la libertad de empresa, en tanto no exista abuso de poder de mercado, a fin de que haya mayor diversificación.
El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva indicó que hasta el momento han intervenido 13 asambleístas y restan 25 parlamentarios inscritos, al tiempo que suspendió la sesión, misma que se retomará a las 15:00.
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