El Pleno de la Asamblea aprobó en segundo debate los proyectos de Ley Derogatoria No. 3 y No. 4 para la Depuración de la Normativa Legal, a través de los cuales se eliminan 344 leyes, decretos supremos y legislativos, considerando que han perdido eficacia, tanto por el transcurso del tiempo fijado para su vigencia, por el cumplimiento de la finalidad que con su expedición se propuso alcanzar, o porque fueron recogidos por otros cuerpos legales promulgados posteriormente.
De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estos proyectos de ley serán remitidos a la Presidencia de la República, en el plazo de 48 horas, para la sanción u objeción.
La derogatoria No. 3 que contiene 195 leyes obsoletas, se aprobó con 97 votos afirmativos, seis blancos y una abstención; mientras que por unanimidad de los presentes (103), se eliminaron 149 normas de la depuración legal No 4.
La Comisión de Justicia y Estructura del Estado realizó una cuidadosa revisión de todas las leyes o decretos a ser eliminados, que se refieren principalmente a la exoneración de requisitos de licitación para que varias instituciones públicas adquieran bienes muebles e inmuebles, vehículos, repuestos, implementos para recolección de basura, equipos contra incendio, así como maquinaria para los planes viales de los concejos municipales; autorizaciones para que el Banco de Fomento y el Ministerio de Agricultura importen ganado; la facultad para que los rectores de la Universidad Central y Escuelas Politécnicas adquieran terrenos e implementos para sus laboratorios.
También se refieren a la reorganización de la mayoría de los concejos cantonales del país, así como de la Corte Suprema de Justicia, Cortes Superiores y Tribunales de Cuentas; a la construcción de varios tramos del ferrocarril en distintas provincias del país: indultos y amnistías a desertores del Ejército y guardias nacionales, como también a participantes en revueltas; abolición de cobros exigidos a los indígenas; el establecimiento de una aduana en Santa Rosa; la suspensión de la vigencia del arancel de aduanas, entre otras.
Los asambleístas César Gracia y Mariángel Muñoz, integrantes de la Comisión de Justicia, sustentaron que en la legislación ecuatoriana, la pérdida de eficacia normativa o desuso de las normas, no afectan al derecho positivo ni producen su derogación, puesto que la facultad de derogar una norma le corresponde la mismo órgano que la dictó, para cuyo efecto debe promulgar otra norma de igual o superior jerarquía.
Aseguraron que varias normas primarias que aún constan formalmente en la legislación nacional han perdido vigencia ya por la obsolescencia de sus preceptos o por haberse cumplido con sus objetivos, razón por la que sugirieron derogar los decretos supremos, legislativos y una resolución legislativa que son inaplicables y por lo mismo se han convertido en normativa irrelevante que ocupa un espacio en el ordenamiento jurídico vigente.
Bajo estas consideraciones, el Pleno aprobó los dos proyectos que drogan 344 decretos supremos y legislativos.
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