Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas, Jorge Pareja Cucalón, presidente del Foro de Opinión Petrolera Ecuatoriana; y Andrés Donoso, viceministro del Ministerio de Recursos No Renovables, fueron los primeros invitados a la Comisión de Régimen Económico y Tributario para expresar su posición respecto del proyecto urgente de Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno.
El presidente de la Comisión, Francisco Velasco, recordó que el informe para primer debate se debe presentar la próxima semana, en 10 días contados desde el 29 de junio, por lo que, hasta esa fecha, se priorizará la discusión y el análisis en la Comisión, incluso se estudia la posibilidad de realizar un foro con varios actores.
Respecto a las comparecencias, Carlos Marx Carrasco, explicó la evolución de la carga fiscal de las compañías privadas que mantienen contratos para la exploración, explotación y transporte de hidrocarburos; la glosas de Impuesto a la Renta por 1184 millones de dólares a tales empresas; y, los objetivos de la reforma, específicamente, al articulado de la Ley de Régimen Tributario Interno.
El principal motivo del 48% de las glosas, es la subcapitalización, es decir, llega una empresa, “con un capital de 4 reales y pide 4 millones”, lo cual infla el costo, oculta utilidades y disminuye el impuesto a la renta, dijo Marx Carrasco.
En cuanto a las reformas, precisó que la tarifa de Impuesto a la Renta será el 25%; no existirá deducibilidad de costos financieros, ni costos de transporte por oleoducto, en razón del nuevo modelo contractual; se establece la tarifa por barril, pero no atada al precio del petróleo; y, se mantiene en la disposición transitoria, el régimen tributario para Agip Oil Ecuador, hasta su renegociación.
Aseguró que por concepto de esta reforma la participación tributaria se verá disminuida, sin embargo, los contratos de prestación de servicios, permitirán que se beneficie el Estado directamente, sin pasar por el SRI.
Por su parte, Jorge Pareja Cucalón, manifestó que no está de acuerdo con el proyecto de ley porque es coyuntural, además todo contrato de este tipo debe tener una licitación abierta, internacional y transparente.
En este marco, solicitó realizar un análisis profundo del proyecto, porque podrían presentarse problemas legales, los que pueden llegar, incluso, a conflictos políticos y diplomáticos.
“En el proyecto existen aspectos subjetivos, como la utilidad razonable, además cada contrato tiene sus características”, concluyó.
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