Con la aprobación del proyecto de ley se pretende sancionar con reclusión mayor extraordinaria de 3 a 5 años, a los agentes de la fuerza pública, los funcionarios públicos o a cualquier representante de elección popular, que valiéndose de su cargo, incitare a la violencia, al odio, confrontación entre la ciudadanía, por razones ideológicas, políticas, opinión, religiosas o raciales.
La misma pena se aplicará en caso de intervención o injerencia indebida de funcionarios de un poder del Estado hacia otro.
Cuando la violencia fuese ejercida directamente por el Ejecutivo, además de la pena prevista se deberá indemnizar a los particulares por los daños ocasionados.
El proyecto fue presentado por Luis Almeida Morán (PSP), con el respaldo de otros asambleístas.
El proponente argumenta que en materia de derechos fundamentales se asume que el Estado también puede ejercer violencia no solamente a través de los agentes de la fuerza pública sino también con las políticas que emana; siendo necesario que el Derecho Penal acoja la descripción de un tipo penal para evitar se rebasen los límites del ejercicio democrático.
La propuesta fue distribuida a los asambleístas y al Consejo de Administración Legislativa.
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