La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Mauro Andino, recibió al secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera y al Defensor Público, Ernesto Pazmiño, quienes hicieron aportes a los proyectos de reformas la Ley de la Contraloría y el Código Integral Penal, respectivamente.Mera Giler, al referirse a la propuesta del legislador Vethowen Chica, dijo que el tema de la desconcentración administrativa consta en la actual Ley de la Contraloría, que determina que ya no es necesario que el Contralor tenga que trasladarse a una determinada ciudad o provincia para conocer directamente un caso de corrupción, sino que la investigación la puede asumir el delegado regional.
Por tanto, no es que todo se centraliza en Quito o lo decide el Contralor, enfatizó, tras destacar la importancia de declarar imprescriptible la facultad de la acción determinadora de la institución para los delitos de peculado, abuso de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, entre otros.
También, precisó que es fundamental determinar que una vez que esté en firme la decisión administrativa de la Contraloría, la destitución de un funcionario sea ejecutada, para evitar una serie de trámites que demoran meses e inclusive años.
Defensor Público
A su vez, Ernesto Pazmiño comentó que la Defensoría Pública realizó, por primera vez en el Ecuador, un censo técnico demográfico social penitenciario, el cual reportó que hay 10.880 personas privadas de la libertad, de las cuales el 25% han sido acusadas por drogas y de éstas el 90% son mulas del narcotráfico, lo que significa que “los peces gordos no están acá”.
“No hay ni 0.001% de personas en cárcel por delitos económicos (cuello blanco): peculado, enriquecimiento ilícito, etc. Lamentablemente tenemos una legislación y una administración de justicia que criminaliza la pobreza y deja en la impunidad el delito de los poderosos”, argumentó.
El Defensor Público planteó fijar sanción para la sustracción fraudulenta y silenciosa de fondos privados, en aras de proteger a cuenta-ahorristas, cuenta-correntistas y tarjeta-habientes, que frenará el abuso de la gran criminalidad del poder bancario.
También, sugirió definir la persecución de inocentes, que sancione el abuso de poder instructorio del fiscal, que evitará amenazas a través de injustificadas solicitudes de prisión preventiva, para que respondan a una sentencia absolutoria ejecutoriada, lo que disminuirá el encierro de procesados con escasos o ningún indicio.
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