La asambleísta Scheznarda Fernández dio apertura a la VI sesión del Seminario Regional Combatiendo la Violencia contra las Mujeres: de la Legislación a la Aplicación Efectiva, organizada por la Asamblea Nacional y la Unión Interparlamentaria.
En esta ocasión, se examinó el rol que juega el Parlamento en el seguimiento y control de la acción gubernamental en relación a la implementación de la legislación y de las políticas y programas nacionales sobre la violencia contra la mujer.
En su intervención, la diputada española Marcé Pigem hizo una evaluación de la Ley de Violencia de Género promulgada hace cuatro años en España, que se orienta a prevenir y sancionar la violencia, fundamentalmente a cambiar unas mentalidades y un problema secular silenciado durante siglos.
Consideró que la educación sin duda, es el instrumento más importante en la prevención contra la violencia de género, por lo tanto la educación en igualdad es una de las principales medidas para conseguir una sociedad libre de esta violencia.
En tal virtud, se mostró partidaria de incidir en la formación específica de todo el profesorado en materia de igualdad, así como que el valor de la igualdad entre los sexos impregne toda la docencia y forme parte del contenido de alguna asignatura, que en el caso de sistema educativo español sería la asignatura de “educación para la ciudadanía”.
Por último, explicó que la subcomisión que estudió el contenido y alcances de la citada Ley, concluyó que urge campañas publicitarias de carácter permanente, a fin de poner en valor que sí es posible salir de la violencia y para reprochar la conducta de los maltratadores, además que los medios de comunicación deberían impulsar procesos de aplicación de los códigos de auto regulación en el tratamiento de la violencia de género y de los estereotipos de las mujeres que perpetúan la cultura machista en la que se ancla la violencia de género.
Distancia alarmante
De su parte, la señora Natalia Gherardi, consultora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) subrayó que existe distancia alarmante entre el reconocimiento de derechos (nacional e internacional) y su ejercicio efectivo, así como que las pocas inconsistencias entre la declamación de derechos y la práctica cotidiana resultan tan lesivas de la legitimidad democrática.
Es necesario reconocer esta brecha y sus alcances con honestidad para comenzar a cambiar esta realidad en América Latina, dijo, al exhortar a los Parlamentos a crear las instancias que posibiliten la recepción y análisis de estudios de diagnóstico, apoyar los esfuerzos de investigación, contribuir y financiar las encuestas y datos que sirvan como línea de base.
Aunar esfuerzos
Entre tanto, las ponentes Rosario Utreras e Irene Pesántez, coordinadora Nacional de la Defensoría del Pueblo y representante del Colectivo Feminista de Opinión SOLYLUNA (Ecuador), respectivamente, coincidieron en la necesidad de hacer efectivos los derechos plasmados en la Constitución, las leyes e instrumentos internacionales para beneficio de las mujeres, con el propósito de desterrar definitivamente la violencia y discriminación.
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