La bancada legislativa del Movimiento PAIS declaró que la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Garantías Penales en contra del ex jefe de la Escolta Legislativa, Rolando Tapia y otros cinco policías, a los que les declaró culpables del delito de atentado contra la seguridad del Estado se halla plenamente vigente, una vez que fue notificada esta tarde.
Francisco Velasco, durante una conferencia de prensa, en la que participaron los asambleístas de PAIS, recordó que el martes 28 de junio de 2011 a las 04h15 el tribunal, de acuerdo con el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal informó oralmente a los abogados de los policías y al fiscal su decisión de declarar la culpabilidad de los policías procesados, es decir los abogados y el fiscal ya supieron a esa hora de la madrugada que los policías fueron culpables de atentar contra la seguridad del Estado.
Agregó que ese mismo día, a las 15h50 el Consejo de la Judicatura, a pedido de uno de los abogados de los policías certifica con una celeridad asombrosa que no consta la acción de personal con la que el doctor Xavier Alvarado Castillo haya sido designado como juez temporal del tribunal y que tampoco consta en la nómica del banco de elegibles como jueces temporales.
El jueves 30 de junio a las 11h55, continuó, se notifica la sentencia condenatoria depositándola en las respectivas casillas judiciales de los abogados y del fiscal y a las 15h00 el Consejo de la Judicatura con una rapidez olímpica y sospechosa que jamás ha exhibido en su historial de ineficiencia y corrupción notifica con una sanción a los jueces que declararon la culpabilidad de los policías sentenciados. La sanción es una suspensión por 90 días con sueldo, o sea les manda de vacaciones tres meses pretendiendo impedirles que redacten por escrito la sentencia.
Enfatizó que dos argumentos legales demuestran que el Tribunal Segundo de Garantías Penales actuó legalmente. Por un lado el Art. 266 del Código de Procedimiento Penal dice... que “Si por cualquier causa faltare un juez para integrar el Tribunal de Garantías Penales, el Presidente o quien haga sus veces, convocará al respectivo juez suplente que previa y legalmente se haya posesionado de su cargo...” y por otro, la disposición transitoria cuarta del Código de Procedimiento Penal, del 24 de marzo de 2009 determina que “Mientras se haga el nombramiento de los jueces suplentes a los que se refiere el artículo 266, continuarán actuando los jueces Ad Hoc.”
Un antecedente importante
Detalló que “el Dr. Renato Vásquez, Presidente del Tribunal Segundo de Garantías Penales mediante providencia que fue comunicada a las partes previo a la audiencia nombró como juez Ad Hoc al Dr. Xavier Andrade Castillo, es decir los abogados de los policías siempre supieron la integración de todos y cada uno de los miembros de este Tribunal y jamás impugnaron antes la presencia de este juez. Solo después de conocer la sentencia condenatoria y en una muestra de clara interferencia intimidatoria los abogados de los policías en complicidad con el Consejo de la Judicatura lograron esta ilegal, ilegítima e irrita sanción para los jueces”.
Velasco sostuvo que nombrar jueces Ad Hoc por parte de los presidentes de los Tribunales de Garantías Penales de todo el país es una práctica legal y permanente de estos Tribunales. Si habría que esperar la nominación de jueces suplentes por parte del lerdo y corrupto Consejo de la Judicatura, caducarían todos los plazos de las causas que estén tramitándose, recalcó.
Para evidenciar la tramposa maniobra de esta sanción presento el comprobante de retención No. 00223058 en el que se demuestra que al Dr. Xavier Andrade Castillo, el Consejo de la Judicatura de Pichincha le pagó $850,00 como juez Ad Hoc, el 16 de marzo de 2011. El Dr. Xavier Andrade Castillo ya ha actuado en varias ocasiones como juez Ad Hoc en este mismo Tribunal Segundo de Garantías Penales, por lo tanto con plena competencia conforme a la Ley, reveló.
A su vez, la asambleísta Marisol Peñafiel puntualizó que “de modo inaudito y sospechoso y antes de que sean notificados los jueces con la resolución de esta suspensión, la asambleísta Lourdes Tibán circuló por internet un fragmento de esta resolución citando textualmente el contenido de la misma.
Esta es una evidencia más de la manera mañosa con la cual actúa el Consejo de la Judicatura que sanciona a los jueces que actúan en derecho y en cambio premia la corrupción y la impunidad y además devuelve los favores que en su momento recibió de estamentos políticos, concluyó.
PV
