A la Comisión de Derechos Colectivos acudió un grupo de socios y depositantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San José Obrero”, quienes pidieron a los comisionados interpongan sus buenos oficios a efectos de que hagan un seguimiento a esta institución y sus directivos, ya que se encuentra en proceso de liquidación.
Walter Marcillo, representante de los socios de la cooperativa, señaló que lamentablemente el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la Dirección Nacional de Cooperativas no han realizado el control correspondiente a esta entidad financiera, como lo establecía la Ley de Cooperativas y actualmente la Ley de Economía Popular y Solidaria.
Recordó que esta entidad fue creada mediante acuerdo ministerial No. 3381 del 13 de diciembre de 1989, por el Ministerio de Bienestar Social, hoy MIES, inscrita en el Registro General de Cooperativas con número 4783, bajo el control y vigilancia de la Dirección Nacional de Cooperativas.
Indicó que desde el 2008 los socios y depositantes se dieron cuenta de los problemas financieros que tenía esta cooperativa, hecho que pusieron en conocimiento del Ministerio de Inclusión Económica y Social para que tome acciones de control para el saneamiento de la institución y las respectivas denuncias a la Fiscalía para que investigue eventuales estafas que se estarían cometiendo.
Señaló que son más de 12 mil socios y depositantes perjudicados, de los cuales según informe de la Dirección Nacional de Cooperativas solo constan 82 personas en calidad de socios y el resto de personas constan como depositantes (clientes). El perjuicio económico asciende a más de un millón doscientos mil dólares que tenemos depositado, subrayó.
Precisó que el MIES debe impulsar los procesos de investigación en la Fiscalía para que mediante juicio penal, sean sancionados los directivos de esta cooperativa quienes causaron el desfinanciamiento de la institución, incluyendo a las autoridades de control de la Dirección Nacional de Cooperativas, por no realizar las acciones administrativas oportunas para evitar esta estafa, ya que los socios y depositantes son personas de escasos recursos y no tienen dinero para pagar abogados a que los representen en los juicios.
La presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, Lourdes Tibán, dijo que harán un seguimiento a la resolución que tomen las autoridades pertinentes y que prepararán un proyecto de resolución para que estas instancias adopten las acciones pertinentes e impidan que se cometan una estafa.
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