La subcomisión de Fiscalización, bajo la coordinación de la legisladora Scheznarda Fernández, analizó este miércoles las pruebas de cargo y descargo aportadas en torno a la primera acusación propuesta contra el fiscal General del Estado, Washington Pesántez Muñoz, por 33 asambleístas de PAIS, que se refiere al Incumplimiento de las funciones que le asignan la Constitución y la Ley, así como una presunta falta de probidad e imparcialidad en el desempeño del cargo.
A criterio del asambleísta César Rodríguez las pruebas presentadas por el fiscal Pesántez demostrarían que ha cumplido con las funciones determinadas en el Art. 182 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues ha dejado en evidencia que existe una estructura institucional de la Fiscalía organizada, que funciona adecuadamente en la investigación preprocesal y procesal penal y demás actuaciones que le corresponden, a favor de la ciudadanía.
En torno al caso del accidente de tránsito en que perdió la vida la ciudadana Natalia Emme, dijo que consta en el proceso el dictamen fiscal por el cual se acusa al policía Stalin Velasteguí, como presunto autor del hecho, lo que demuestra que el caso sigue su curso normal y que no le correspondía al doctor Pesántez conocer ni resolver al respecto. Por tanto, no existe falta de imparcialidad u objetividad, menos aún falta de probidad en el ejercicio del cargo.
De su lado, Betty Amores recordó que la probidad es una condición que garantiza el buen desempeño del cargo, es decir el cumplimiento de lo que le está permitido al funcionario y que en el caso del Fiscal, varias de sus actuaciones en torno al accidente de tránsito en el que se involucró a su esposa, se demuestra una parcialidad absoluta. Citó el caso de la autorización para la reunión de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía, a sabiendas de que en el orden del día constaba la legalización del descuento para el pago del comunicado de respaldo al doctor Pesántez y una contribución a favor del policía Velasteguí, principal imputado en el accidente.
Ya quisiéramos que en todo accidente de tránsito se recoja una contribución para el presunto autor de un delito, aunque éste sea de carácter imprudencial, dijo, tras cuestionar las amenazas e insultos proferidos contra los asambleístas que solicitaron el juicio político al Fiscal, inclusive con acusaciones que jamás las probó en su comparecencia. Si conocía de la comisión de un posible delito por parte de algún asambleísta, no solo que estaba obligado a señalar los nombres y apellidos, sino a iniciar la correspondiente indagación previa, añadió.
Mientras, el asambleísta Abdalá Bucaram consideró que el proceso estaría viciado de ilegalidad desde su propia solicitud, en la cual se anuncian la totalidad de las pruebas que se aportarán en la sustanciación y, en cuanto a las de tipo testimonial, se señalan algunos nombres de testigos, pero se deja abierta la posibilidad de nuevos comparecientes, cuando se debía incluir los nombres de todos los testigos. Agregó que a su juicio no se puede juzgar al Fiscal por haber autorizado una reunión de carácter gremial, tras asegurar que el doctor Pesántez no conocía del comunicado que se iba a publicar por parte de los funcionarios y empleados de la Fiscalía.
Entre tanto, Marco Murillo recordó que la subcomisión debe dar lectura de las acusaciones y analizar las pruebas de cargo y descargo que se han presentado y determinar si éstas demuestran las afirmaciones de la acusación o de la defensa, para sustentar el correspondiente informe motivado que será entregado a la Presidencia de la Asamblea.
La subcomisión retomará el análisis de las pruebas este jueves, a partir de las 09:00, con el propósito de despachar las cuatro acusaciones restantes y cumplir con el encargo de la Comisión de Fiscalización, dentro del plazo previsto.
EG
