Con la finalidad de que expliquen sobre la separación de servidores públicos, la Comisión de Derechos Colectivos, presidida por la asambleísta Lourdes Tibán, convocó a los ministros de Relaciones Laborales, Richard Espinoza; de Salud, David Chiriboga; y, de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Johana Pesántez, para el miércoles 9 de noviembre, a las 10h00.
Esta reunión es consecuencia de la comparecencia del doctor Raúl Moscoso, dirigente de la Confederación de Profesionales de la Salud y a Carlos Figueroa, de la Federación Médica Ecuatoriana quienes denunciaron que los centros de salud se están quedando sin médicos especialistas por los despidos intempestivos. Señalaron que es alarmante lo que está sucediendo en el país, argumentando que las acciones de personal no tienen justificación alguna y más bien vulneran los derechos de los trabajadores.
Con estos argumentos, la Comisión de Derechos Colectivos resolvió demandar del Gobierno el inmediato reintegro de todos los servidores públicos que han sido separados de sus cargos, mediante la figura de la “compra de renuncia obligatoria”, por medio de la implementación del Decreto Ejecutivo No.813 del 7 de julio del 2011.
La titular del organismo legislativo recordó que el 28 de octubre pasado, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Laborales, amparándose en el Decreto Ejecutivo 813, inicio un proceso de despidos intempestivos en contra de los funcionarios públicos y que “para tal efecto ejecutó un operativo policial para desalojarlos de sus puestos de trabajo, obligando a firmar las renuncias sin respetar la voluntad de los servidores públicos”.
Mediante la resolución adoptada se pide del Pleno de la Asamblea Nacional el pronunciamiento de rechazo “respecto a la actitud de vulneración de los derechos laborales de los servidores públicos”.
Indicó que “la comisión decidió apoyar las acciones judiciales y extrajudiciales que planteen los servidores públicos en defensa de su derecho a la estabilidad laboral; iniciar el juicio político en contra del Ministro de Relaciones Laborales, por su actuación inconstitucional e ilegal en la implementación del Decreto Ejecutivo No. 813”.
Lourdes Tibán señaló que “estos despidos dejan en el desamparo a cientos de familias y además ponen en riesgo el derecho a la jubilación de los servidores públicos, ya que están siendo despedidos faltando pocos años para cumplir los requisitos necesarios para acceder a este derecho constitucional”.
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