Fuente: Agencia EFE.
Ginebra, 21 oct. (EFE).- La Unión Interparlamentaria decidió hoy cerrar el caso de 57 diputados ecuatorianos destituidos en 2007 por interferir en un referéndum sobre una Asamblea Constituyente que redactó la Carta Magna que actualmente rige en Ecuador.
Los legisladores habían denunciado su caso y expuesto como argumentos que sus derechos políticos habían sido limitados y que eran víctimas de persecución política.
A este respecto, el presidente de la Asamblea Nacional ecuatoriana, Fernando Cordero, dijo hoy a Efe que se aclaró ante la Unión Interparlamentaria -cuya asamblea se reúne esta semana en Ginebra- que los derechos políticos de los demandantes "están intactos y protegidos por la nueva Constitución".
"Aportamos como pruebas el hecho de que 31 de ellos se presentaron como candidatos" en elecciones recientes y que "11 de ellos fueron elegidos", agregó.
Asimismo, Cordero expuso ante el Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria que una causa que abrió la Fiscalía en su contra -por supuesta usurpación de funciones en vista de que tras su desafuero seguían reuniéndose- ha quedado definitivamente archivada.
La autoridad legislativa precisó frente a ese mismo Comité que destituciones como la ocurrida en 2007 en el Parlamento ya no podrían ocurrir "por decisión unilateral", pues la Constitución garantiza que para ello debe haberse registrado "una violación constitucional y legal".
Los mandatos públicos, agregó, pueden ser revocados por causas establecidas en la ley, pero esa es una posibilidad que existe incluso para el Presidente de la República.
El Presidente del Poder Legislativo de Ecuador se mostró satisfecho de que su país "ya no tenga ninguna impugnación pendiente en materia de derechos humanos de sus legisladores", tras recordar que este asunto ha estado dos años bajo la lupa de la Unión Interparlamentaria.
Explicó que la decisión del órgano internacional que representa a miembros de más de 150 parlamentos es muy importante para Ecuador en vista de que se ha evitado crear un precedente que hubiese podido ser utilizado por los diputados destituidos para acudir a otras instancias. EFE
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