La presidenta de la Veeduría Ciudadana al Sistema Penitenciario del Ecuador, Sonia Andrade, ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado, presentó cuatro nudos críticos como: la presunta omisión de rendición de cuentas del Consejo Nacional de Rehabilitación Social; crisis organizacional; la falta de experiencia en el sistema penitenciario e infraestructura obsoleta y con una sobrepoblación de internos.
En su informe recomendó a los comisionados la restructuración del Consejo Nacional de Rehabilitación Social que permita una adecuada, eficaz y oportuna gerencia en la aplicación de políticas penitenciarias de acuerdo con el estado plurinacional e intercultural garantizado en la Constitución.
Dijo que la definición de políticas penitenciarias debe estar vinculada con la corresponsabilidad ciudadana, a fin de garantizar el derecho de participación; que en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social se incluya el seguimiento y evaluación de los decretos y resoluciones que para el sistema se generen; la capacitación permanente acorde con las necesidades y características del área de su gestión.
Manifestó la necesidad de crear la Escuela de Formación Penitenciaria que permita generar ascensos; impulsar la promoción de servidores idóneos con una constante evaluación de la gestión del funcionario público del sistema penitenciario, así como una reingeniería institucional bajo el actual enfoque constitucional.
Igualmente, expresó que urge la generación de proyectos alternativos sustentables: salud, educación (hasta el tercer nivel), recreación; la elaboración de proyectos de generación de empleo intracarcelario y extramuros; la conformación de procesos de control social de carácter local o nacional que realicen auditoría social.
Sonia Andrade recomendó que el Consejo Nacional de Rehabilitación Social asuma la administración de los Centros de Detención Provisional a cargo de dicha entidad, conforme lo determina la Constitución y la ley, al tiempo de precisar que se requiere la elaboración de un manual general interno de procedimiento de ingreso, permanencia y egreso de las personas privadas de la libertad y se determinen espacios dignos para las visitas tanto para hombres como para mujeres sin distinción.
Finalmente, subrayó que a pesar de la innegable voluntad política expresada públicamente por el presidente de la República, Rafael Correa, en las cárceles ecuatorianas, las personas privadas de la libertad, guías penitenciarios, personal administrativo, familiares y amigos de los presos, custodia penitenciaria, aún son víctimas de tratos inhumanos y degradantes por parte de quienes administran globalmente el sistema.
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