Con la presencia de la viceministra encargada de Movilidad, María Landázuri, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales inició el trámite del pedido de aprobación del Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y Chile.
Los comisionados anunciaron la decisión de darle celeridad al documento, en razón de su transcendencia para los intereses de la población migrante, más aún cuando constituye una herramienta fundamental y efectiva para avanzar en la tesis de la ciudadanía universal, consagrada en la Constitución. Invocaron a las correspondientes autoridades del Ejecutivo a trabajar de manera coordinada con el Legislativo en el diseño y la construcción del proyecto de Ley de Movilidad Humana.
Importancia
María Landázuri de Mora señaló que el acuerdo de residencia otorga a los peticionarios residencia temporal de hasta dos años, permitiéndoles, como tal, gozar de algunas ocupaciones o actividades: hogar, estudio, ser contratados o ser independientes para ejercer una actividad económica, estudios.
También, obtendrán una especie de documento de identidad, con lo cual los ciudadanos están protegidos frente a una serie de circunstancias que tienen que ver con la indocumentación (sacar RUC, desarrollar una labor económica ordenada, atención en centros de salud y educativos, acceder a una seguridad social, etc). La residencia temporal puede transformarse en permanente al cabo de esos dos años, argumentó.
El Convenio visibiliza al inmigrante y facilita su regularización ordenada acorde a la aplicación de la norma establecida. Así, los ecuatorianos en los países miembros gozarán de los mismos derechos y deberes, en igualdad de condiciones, puntualizó, al indicar que el proyecto de Ley de Movilidad Humana estaría listo para febrero o marzo de 2014, luego de un intenso proceso de socialización.
Entre tanto, Jacques Ramírez, decano de la Facultad de Investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), destacó que el instrumento facilitará la incorporación de los migrantes a las sociedades receptoras en igualdad de oportunidades que los nacionales, tras precisar que Ecuador, Guyana y Surinam son las naciones que todavía no han ratificado la vigencia del mismo.
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