En la Comisión de Biodiversidad, presidida por la asambleísta Rosana Alvarado, el viceministro de Recursos Naturales no Renovables, Federico Auqillas, pidió archivar el proyecto de reformas a la Ley de Minería, argumentando que existen inconsistencias que podrían generar inseguridad jurídica para las inversiones nacionales y extranjeras en esta área, así como, desarticular el Plan Nacional de Desarrollo Minero que está en marcha.
Señaló que antes que establecer nuevas reformas a la Ley de Minería, lo que conviene es desarrollar y aplicar las existentes, porque eso permitirá el desarrollo económico del país.
Por el lapso de 20 minutos el funcionario argumentó las razones por las cuales propone archivar el proyecto, al sostener que las reformas propuestas por el asambleísta Cléver Jiménez modifican el 80% de la ley vigente.
Señaló que el gobierno, desde la promulgación de la ley, no ha entregado ninguna concesión, sino que más bien ha cancelado las que perjudican al Estado.
Así mismo, señaló que a la pequeña minería hay que reforzarle y dotarle de todas las herramientas de trabajo para que se desarrolle. Por ello, dijo que con las reformas planteadas la iniciativa de establecer reglas claras para la minería se iría al suelo, pues gracias a la ley actual, por primera vez se consiguieron créditos para el desarrollo del plan minero, lo que antes no existía.
De su lado, el asambleísta Cléver Jiménez manifestó que es necesario aplicar correctamente el mandato constitucional sobre la participación del Estado ecuatoriano en los beneficios generados por el aprovechamiento de los recursos naturales, lo cual no está claramente regulado.
Explicó la norma vigente limita el derecho de los ecuatorianos a ser verdaderos partícipes de los réditos que produce la explotación de los recursos naturales, tanto por ser dueños de sus yacimientos -que son parte del patrimonio nacional y del sector estratégico del Estado- cuanto por los impactos ambientales que provoca su explotación. Por ello, es imprescindible legislar con sentido nacional, introduciendo auténticas reformas que permitan estructurar mecanismos legales, técnicos, ágiles y oportunos para fortalecer el aprovechamiento, consumo y uso de nuestros recursos naturales y sus beneficios.
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