Los vocales principales y suplentes del Consejo de la Judicatura se posesionarán hoy ante la Asamblea Nacional, de conformidad con la convocatoria a la sesión No. 214 del Pleno, efectuada por el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero Cueva. La sesión está convocada para las 09H30, en la que también se tramitará en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento.Como se recuerda, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Fernando Cedeño Rivadeneira, notificó a la Asamblea Nacional que, luego de concluida la etapa de impugnación ciudadana, fueron designados Tania Arias Manzano, Néstor Arbito Chica, Ana Karina Peralta Velásquez, Gustavo Jalkh Roben y Paulo Rodríguez Molina, como vocales principales.
Como suplentes constan Rosa Elena Jiménez Vanegas, María Dávalos Cárdenas, Carlos Delgado Alonso, Marco Maldonado Castro y Alejandro Subía Sandoval.
Posteriormente, se tratará el informe para primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Jubilación Especial de los Trabajadores de la Industria del Cemento, elaborado por la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social.
El organismo, luego del análisis correspondiente y el proceso de socialización, llegó a la conclusión que el proyecto violenta expresas disposiciones constitucionales que garantizan derechos como la igualdad, no discriminación, progresividad de los derechos y la irrenunciabilidad de los mismos y que contraría varias normas contenidas en tratados y convenios internaciones ratificados por el Ecuador, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenios de la Organización Internacional del trabajo (OIT), tal el caso del 11 y el 121, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Por esta razón, la comisión emitió informe no favorable y recomendó al Pleno el archivo del proyecto por ser contrario a normas constitucionales, convenios y tratados internacionales y por no ser viable al no contar con un estudio técnicos actuarial de impacto que sustente la propuesta que establezca su viabilidad en atención a la realidad económica y laboral del Ecuador.
PV
