Arbitrajes internacionales: Estados y Transnacionales, será uno de los temas de debate de la Vigésimo Novena Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano que se reunirá en Panamá el 19 y 20 de octubre próximo.Así lo decidió la Junta Directiva del Parlatino, acogiendo una propuesta de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, quien recordó que en los últimos años las empresas transnacionales han adquirido un poderío a nivel global que muchas veces supera al de los Estados o los organismos internacionales, lo que les ha llevado a violar los derechos internos de los territorios donde se localizan para llevar a cabo sus negocios, así como el derecho internacional, sin que existan mecanismos supranacionales efectivos para su control y regulación.
Enfatizó que esta situación merma la soberanía de los Estados y afecta enormemente el desarrollo de los pueblos, lo que genera distintas problemáticas de gobernabilidad, que van desde lo ambiental, lo político, lo económico y lo social.
Los arbitrajes internacionales han pretendido ser un mecanismo de mediación entre las transnacionales y los Estados. Sin embargo, han demostrado ser totalmente parciales por la dinámica de su configuración, aseveró Gabriela Rivadeneira, al informar que el número de arbitrajes entre Estados y transnacionales está aumentando constantemente, pues de 38 casos en 1996 pasaron a 450 en 2011, con los fallos mayoritariamente a favor de las empresas privadas.
Advirtió que en estos casos, la ley que se aplica en el arbitraje es la del contrato firmado entre las partes, no la ley del Estado donde la empresa ha invertido, lo que lleva a que el contrato se convierta en una ley viciada de origen, haciendo de las sentencias de los tribunales obligatorias e inapeables.
Igualmente, aseveró que a pesar de que las sentencias pueden obligar un Estado y a sus ciudadanos y representantes a pagar una multa al grado de llevarlo a la quiebra, las deliberaciones de los árbitros no son públicas.
Por otro lado, señaló que solo 15 árbitros han resuelto 247 casos de un total de 450 demandas relativas a tratados de inversión conocidas hasta hoy, es decir, el 55% de los casos llevados a tribunales internacionales. De estos 15 árbitros, 4 son de Estados Unidos, 3 de Francia, 3 de Canadá y los restantes de Suiza (1), Países Bajos (1), Alemania (1), Bélgica (1), lo que deja ver un claro déficit de representación en los conflictos, pues ninguno de estos 15 proviene de algún país de América Latina.
Expresó que estos árbitros reciben honorarios exorbitantes, oscilan entre 375 y 700 dólares por cada hora de trabajo, dependiendo del lugar donde se realice el juicio, de la duración y del monto de la demanda y que los conflictos de intereses no están prohibidos en lo que les concierne, ya que se desempeñan también como abogados, académicos, asesores de políticos o comentaristas en los medios y crean una atmósfera favorable para sus defendidos adonde vayan.
Se trata de un derecho paralelo, privatizado por las empresas que mejor pagan a unos pocos árbitros que les aseguran una impunidad casi total. El caso Chevron es emblemático de esta privatización del derecho internacional a favor del gran capital, subrayó, al puntualizar que "Ecuador no es el único país que está siendo afectado, muchos países de la región cuentan con el mismo problema, de ahí la necesidad de que el tema se discuta en este y tantos foros sean necesarios para generar respuestas conjuntas como latinoamericanos".
PV
