La Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante Ponce (AP), presentó informe sobre el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Extranjería.
Asambleístas de distintas tendencias políticas, principalmente de oposición, consideraron que no se debe archivar el proyecto de ley de Inmunidad a los Miembros que Integran las Veedurías o Comisiones Ciudadanas, de autoría del legislador Andrés Páez Benalcázar, tomando en cuenta que esta garantía es necesaria, a fin de evitar actividades intimidatorias y de persecución por los resultados de las investigaciones que desarrollan.
En Ecuador, seis de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, según datos presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que presentó los resultados de la encuesta nacional sobre la violencia de género contra las mujeres.
Alrededor de mil indígenas y campesinos se movilizaron a la Asamblea Nacional para presentar el proyecto de Ley de Tierras y Territorios.
En las inmediaciones de la sede de la Asamblea se instaló una tarima, donde la doctora Libia Rivas, prosecretaria general de la Legislatura, recibió del presidente de la Fenocín, Luis Andrango, la correspondiente propuesta, con el respaldo de 41 780 firmas.
Sobre la base del informe del proyecto de Ley de Inmunidades a los miembros que integran las veedurías o comisiones ciudadanas, preparado por la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, el asambleísta Washington Cruz, argumentó que en el proyecto se pretende establecer la figura de la retroactividad, aspecto que se halla en conflicto con la norma constitucional y los principios universales del Derecho.
Señaló que en consideración a las referidas normas, así como los principios para la protección y promoción de los derechos humanos aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en concordancia con los conceptos doctrinarios enunciados; la comisión recomienda su archivo
Washington Cruz, vicepresidente de este organismo legislativo, dijo que esta propuesta pretende, seguramente con buena intención, beneficiar a un grupo importante pero limitado de la población ecuatoriana, lo que contraviene sin lugar a dudas las características principales que toda normativa legal debe contener.
Sostuvo que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre del 2005, al aprobar los principios para la protección y promoción de los derechos humanos en contra de la impunidad, hace referencia a que los estados deben incluir en su legislación nacional normas que protejan a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
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En el análisis de este tema existieron dos posiciones respecto del proyecto de Ley derogatoria en materia de casinos y salas de juego. Por un lado, se destacó que con esta propuesta se cumple la voluntad soberana del pueblo expresada en la consulta del 7 de mayo, para que se eliminen los juegos de azar; y, por otro, la necesidad de preguntarse hasta dónde el Estado puede regular las decisiones privadas y que hay que debatir el drama social de las personas que se han quedado en la desocupación.
El asambleísta Cléver Jiménez, en representación de la bancada de izquierda, anunció que en los próximos días propondrá el enjuiciamiento político del ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor, por la suscripción del contrato con la empresa Ecuacorrientes para la explotación del proyecto minero Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe.
El asambleísta Armando Aguilar, representante de la provincia de Sucumbíos y una veintena de representantes de las organizaciones sociales, sindicales, discapacitados, afrodescendientes, trabajadores petroleros, juventudes y transportistas, anunciaron que se unen a la marcha por la democracia y se mantendrán vigilantes ante cualquier intento desestabilizador.
Aguilar indicó que en el actual proceso revolucionario se ha hecho posible la inclusión de amplios sectores sociales y ciudadanos en una política pública de equidad y de justicia, que los sueldos de los maestros sean dignificados, se asegure la educación gratuita hasta el nivel superior, desarrollo en todos los ámbitos como el económico, vial, social y educativo, por lo que respaldarán la marcha por la democracia.
Señaló que las verdaderas organizaciones sociales buscan construir un país equitativo y justo, en paz y en democracia y que cualquier discrepancia se la debe superar en el ámbito del diálogo, por lo que no cederán espacios por presión o actos de fuerza que pueden ser utilizados peligrosamente por sectores políticos empeñados en desestabilizar o propiciar un golpe de estado, que no lo van a permitir.
Informó que están por llegar a Quito dirigentes de las nacionalidades Kichwa de Sucumbíos, quienes han decido no acudir al llamado de la Conaie y respaldar el proceso pacífico que llevan con alegría, en paz y fundamentalmente con la inclusión de todos los sectores sociales.
Por su parte el presidente nacional de “Coordinamos Ecuador”, Jorge Barreto, declaró que las organizaciones sociales, el pueblo afro, montubio, cholo y nacionalidades decidió apoyar este proceso de desarrollo, porque se ha insertado a los indios, cholos, discapacitados y todos los pobres del país. Hay personas que están siendo utilizadas por fuerzas de extrema derecha, por lo que rechazan cualquier intento de desestabilización de la democracia.
El secretario general del Consejo de la Unidad Afroecuatoriana (Conaue) y miembro del Frente Político del Pueblo Afrodescendiente, David Quiñónez, indicó que desde el domingo pernoctan en la Plaza Grande, en el centro de Quito, haciendo vigilia para defender la democracia y el orden constituido, considerando que en 200 años vida republicana, los afroecuatorianos recién tienen espacios de decisión, a la vez que anunció que hasta el jueves próximo tendrán un colectivo de 3000 afrodescendientes defendiendo la democracia.
Entre tanto, Gilberto de la Rosa de Santa Cruz, presidente de los Pueblos Cholos del Ecuador, manifestó que se han unido a las 575 organizaciones existentes al proyecto de cambio, porque han visto que se han hecho carreteras y muchas obras en beneficio de la mayoría de ecuatorianos, criterio que fue respaldado por Luis Mejía, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi de Pichincha.
A su vez, Manuel Narváez, representante de los trabajadores petroleros de las provincias de Orellana y Sucumbíos, sostuvo que acompañarán al proceso ciudadano en defensa de la democracia.
Teddy Andaluz, presidente de la Federación de Discapacitados de la provincia de Los Ríos, dijo que respaldan la marcha, porque están conscientes de la labor que desarrolla a favor de este sector vulnerable.
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En la sesión 153 del Pleno, el presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, asambleísta Mauro Andino, enfatizó que a través de este proyecto se deja sin efecto varias disposiciones legales, decretos ejecutivos y supremos y acuerdos ministeriales que permitían el funcionamiento de casinos y salas de juego, cuya validez fue revocada por mandato popular mediante la aprobación de la pregunta 7 del plebiscito de 7 de mayo de 2011.
La Asambleísta Paola Pabón, coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, asitió a la presentación de los resultados de la encuesta nacional que presentó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sobre la violencia de género contra las mujeres.
