En la sesión 82 del Pleno, los asambleístas iniciaron el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células que tiene por objetivo garantizar el derecho a la salud y de los ciudadanos, tanto receptores como donantes, en materia de trasplantes, así como que las condiciones de vida que alcancen después de un procedimiento de este tipo les permita tener una mejor calidad de vida.
Con 109 votos, la ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca fue de declarada por el Pleno de la Asamblea Nacional como “Ciudad Universitaria de la República del Ecuador”, en reconocimiento de la trascendencia histórica y cultural de la capital azuaya.
En diálogo con la prensa, el Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, presentó un amplio informe de fin de año.
Destacó que lo más positivo de la gestión ha sido la activa participación ciudadana en la construcción colectiva de las diferentes leyes de alto contenido social, mientras lo más negativo fueron los hechos violentos del 30 de septiembre, toda vez que se trató de una conspiración contra el estado democrático, que aspira que nunca se repita.
Al comentar el anuncio del Primer Mandatario de conceder un posible indulto a quienes participaron en los actos de septiembre, Cordero expresó que habrá que esperar un pronunciamiento oficial y los resultados de las investigaciones.
Olvidarse los hechos no es una acción positiva para la democracia, ni la política, por tanto, urge esclarecer dichos acontecimientos que están en pleno proceso de investigación. Si bien no estuve aquí, no podré olvidar que en las instalaciones de la Sede Legislativa había una persona, con gafas, que sin ser Jefe de la Escolta daba órdenes y permitía el ingreso a determinadas personas, enfatizó.
En todo caso, consideró que las figuras de la amnistía y el indulto tienen que responder a un análisis exhaustivo para adoptar la mejor decisión en función del país.
{mp3} rueda-prensa-fin-anio{/mp3} Audio de la rueda de prensa
Balance legislativo
Resaltó que la Asamblea mantuvo 83 sesiones del Pleno desde julio de 2009, incluidas la posesión del Presidente de la República y el acto de rendición de cuentas; aprobó 34 proyectos de ley, de los cuales 25 corresponden al presente año.
También, indicó que existieron 29 sesiones del Consejo de Administración Legislativa y más de tres mil solicitudes de control político a funcionarios y entidades del Estado, a lo que se suma las ocho peticiones de juicio político, estando una en proceso –contra la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando García-.
Dentro del balance favorable 2010, Fernando Cordero citó la transparencia del proceso para llevar adelante el Complejo Legislativo, que no significará desapropiar edificaciones, sino una recuperación del espacio público para orgullo de quiteños y de los ecuatorianos.
Agenda 2011
Precisó que el martes 4 de enero de 2011 se dará paso al segundo debate del proyecto de Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células; en la misma semana se dará trámite a las reformas a la Ley de Tránsito y la de Educación Intercultural.
Recalcó que a fines de enero entrará a segundo debate la Ley de Comunicación, tras expresar que se cumplirá con el tratamiento de las reformas penales y las enmiendas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que viabilizarán las consultas prelegislativas sobre los proyectos de Ley de Recursos Hídricos y de Culturas.
MG-AM
El Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, de conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, convocó a las y los asambleístas a la continuación de la Sesión No. 77 del Pleno, para hoy a las 17h00, con el propósito de votar el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, una vez que se han sistematizado las observaciones recogidas durante el segundo debate.
Con el respaldo de 33 firmas de los asambleístas de PAÍS, MPD, PK, PSP, AL, CN, PRE y PSC, los legisladores Jorge Escala y Línder Altafuya presentaron el pedido de juicio político a la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando García, a quien le acusan de incumplimiento de funciones al no exigir las obligaciones que tienen los seguros médicos privados y el cobro de las deudas del gobierno que tiene con el IESS.
Los asambleístas sostuvieron que la funcionaria infringió el artículo 213 de la Constitución, los 306 y 308 de la Ley de Seguridad Social y el 180, literal b) de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, con lo cual se afectó a más de un millón 600 mil afiliados y más de 200 mil jubilados.
Línder Altafuya aseguró que la Superintendenta no realizó ninguna acción para que se cumpla el convenio de pago suscrito entre el Gobierno y el IESS, a fin que se efectivice el pago del déficit actuarial, que hasta el año 2003 se calculaba en 3 700 millones de dólares.
También, manifestó que Gloria Sabando permitió que las autoridades del IESS infrinjan la Ley de Seguridad Social en contra de los afiliados y jubilados, respecto a la deuda del régimen por concepto de aportación del 40% de las pensiones jubilares que hasta diciembre de 2009 superaban los 800 millones de dólares.
Por su parte, Jorge Escala dijo que la Superintendenta de Bancos, no obligó el pago de las deudas que mantenían las compañías aseguradoras que debían cancelar la contribución destinada (retención del 5%) al seguro social campesino que llegaría a 17 millones de dólares.
AM
Los representantes del Comité Interinstitucional por la “Gestión Integral de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Pastaza” se reunirán en la segunda semana de enero con la presencia de los prefectos, alcaldes y de las juntas parroquiales que se encuentran en el área de influencia de la cuenca del río Cutuchi para revisar el Plan Anual de Inversión y definir las acciones y compromisos económicos para el 2011.
El Comité priorizará un sub programa piloto de recuperación y manejo del río Cutuchi, para lo cual resolvió solicitar se incluyan al organismo la Secretaría Nacional de Riesgo y el Ministerio de Educación.
En la recuperación y manejo del río Cutuchi existirán tres líneas de acción: actualización del catastro de industrias a cumplirse en tres meses; toma de muestras y análisis; e, implementación de plantas de tratamiento de aguas servidas.
Entre tanto, en febrero próximo, la Prefectura y la Gobernación de Cotopaxi planificarán reuniones con los municipios y sistemas comunitarios, también para establecer compromisos, lo que permitirá en abril contar con una clara hoja de ruta para las diferentes acciones conjuntas.
Después del trabajo con el río Cutuchi, se trabajará con el Ambato, Chambo y con la cuenca baja de Pastaza, porque se trata de una gestión integral.
Estas decisiones se tomaron en la sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, donde estuvieron representantes del Ministerio de Agricultura, Senagua, Senplades, Subsecretaría de Riego, asambleístas y autoridades de los Gobiernos Autónomos de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.
AM
La Asamblea Nacional, en la sesión No. 81, aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, Código de la Democracia, sobre la base de las observaciones planteadas por varias bancadas.
En esta oportunidad se registró 79 votos afirmativos, 6 negativos, 5 blancos y 18 abstenciones.
La reforma a la Disposición Transitoria Sexta del Código de la Democracia determina que: “Mientras las organizaciones políticas cumplan lo establecido en la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; y, hasta que se realice el siguiente proceso electoral pluripersonal, la entrega del Fondo Partidario Permanente, se hará tomando en cuenta a las organizaciones políticas que participaron en el proceso electoral del 2009, y los resultados de dicho proceso.
Los criterios y mecanismos de repartición serán los que se encuentran establecidos en esta ley, en todo lo que sea aplicable”.
En el primer inciso del artículo 355 se remplazó la expresión “partidos políticos” por “organizaciones políticas”.
Se reguló períodos de vicealcaldes y situación de los alternos
Adicionalmente, se fijó que el período para el cual fueron nombrados los vicealcaldes, miembros de las comisiones legislativas cantonales y de las comisiones de las Juntas Parroquiales Rurales determinados por la ley, culminan a los dos años de su elección. Al término de este período deberá realizarse una nueva elección de tales autoridades, quienes terminarán su gestión a la finalización del período para el cual fueron elegidos en el proceso electoral del 14 de junio de 2009.
En el caso de las Juntas Parroquiales, los vicepresidentes o vicepresidentas, se entenderán elegidos por todo el período.
Respecto de ausencia o imposibilidad de asistir de los respectivos alternos de los asambleístas, concejales y vocales de las Juntas Parroquiales, la secretaría del órgano respectivo convocará a aquellos candidatos principales que sigan en la lista en el orden de votación.
En el caso de ausencia definitiva y si se hubieren agotado todos los posibles alternos de la misma fuerza política, tendrá derecho a ejercer esa representación el siguiente candidato o candidata más votada.
Por último, la Asamblea Nacional tramitó en primera instancia el proyecto de Ley Sustitutiva del Decreto Legislativo 047 de Asignaciones para provincia por venta de energía de INECEL.
MG
El Pleno de la Asamblea Nacional, en su sesión 81, inició el segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia, sobre la base del informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
En esta ocasión intervinieron 12 legisladores, los cuales resaltaron que las organizaciones políticas son la esencia de la democracia y que tanto los partidos cuanto los movimientos deben acceder en igualdad de condiciones al Fondo Partidario Permanente. La votación del texto quedó pendiente para esta tarde, una vez que se recojan las últimas observaciones.
Debate
María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, aseguró que la reforma no pretende cambiar la lógica de la distribución del Fondo, sino que los partidos políticos respondan a las expectativas ciudadanas antes que representen intereses económicos.
“Esta reforma instaura mecanismos que, por un lado, buscan financiar los gastos de las campañas electorales, y por otro, garantizar la vida de la organizaciones políticas que deben subsistir como alternativas para conducir una sociedad”, añadió, al recordar que el informe se aprobó por unanimidad al interior de la Comisión.
Virgilio Hernández dijo que la enmienda cumple con lo dispuesto en el Art. 110 de la Constitución, mediante el cual se trata de evitar que las campañas electorales sean financiadas por intereses empresariales.
Fausto Cobo (PSP) anticipó su respaldo al proyecto, insistiendo que sin organizaciones políticas no hay democracia. La base para la distribución de este Fondo deben ser los resultados de las elecciones del 2009, acotó.
Por su parte, Rocío Valarezo se mostró partidaria de que los movimientos nacionales y regionales tengan las mismas oportunidades y derechos.
A su vez, Tito Nilton Mendoza y Vicente Taiano (Prian) puntualizaron que los partidos no están extinguidos, por tanto la ley viabiliza el correspondiente mandato constitucional.
César Montúfar, Tomás Zevallos y Marco Murillo coincidieron que la reforma intenta beneficiar cuestiones particulares, además contradice el artículo 110 de la Constitución, por lo demandaron que la propuesta sea archivada.
No es constitucional ni ético repartirse el Fondo como un botín, ya que incurriría en los vicios de la partidocracia, advirtieron.
Entre tanto, Fernando Cordero propuso modificaciones encaminadas a que se armonicen las reformas con el contenido de la Constitución y demás disposiciones del Código de la Democracia. Planteó que los movimientos políticos también puedan acceder al Fondo Partidario Permanente.
NMT
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización y Control Político avocó este lunes conocimiento de la solicitud de juicio político en contra de la superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando, una vez que verificó que cumple con los preceptos del Art. 131 de la Constitución.
Adicionalmente, con 9 votos afirmativos (Betty Amores, Mauro Andino, Gastón Gagliardo, Marco Murillo, Ramiro Terán, Pamela Falconí, Galo Lara, César Rodríguez y Silvia Salgado) y 1 voto negativo (Abdalá Bucaram Pulley), el organismo legislativo calificó el correspondiente trámite, acogiendo la moción en tal sentido de Mauro Andino.
La titular de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado, dispuso que se proceda a notificar a la Superintendenta de Bancos sobre el inicio del juicio, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de quince días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes.
De igual manera, se notificará a las y los asambleístas solicitantes, para que en similar plazo, presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones. Por decisión de la mayoría de sus integrantes podrá solicitar pruebas de oficio.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, vencido el plazo de quince días, la Comisión deberá remitir, en el plazo de cinco días, al Presidente (a) de la Asamblea Nacional, un informe que detalle, motivadamente, las razones por las cuales archivó el trámite o la recomendación de juicio político. De considerarlo necesario, el organismo podrá solicitar al Presidente, una prórroga de hasta cinco días adicionales.
El segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Rolando Panchana Farra, es quien impulsa la interpelación a la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando García, acusándole de graves omisiones en el cumplimiento de sus funciones en el proceso de liquidación de la banca cerrada.
MG
El presidente de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, Fernando Bustamante Ponce, afirmó, categóricamente, que el Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar entre Ecuador y Venezuela no estipula, en ninguna parte, que Venezuela pueda colocar bases militares en nuestro país.
Tras precisar que Ecuador tiene suscrito alrededor de 60 convenios de esa naturaleza con Brasil, Colombia, Chile, Francia, Estados Unidos, Italia, Perú, entre otros, subrayó que ninguno de ellos contiene alguna cláusula que permita el uso del territorio nacional para la presencia de fuerzas militares de cualquier país extranjero, lo cual contrariaría la Constitución.
Comentó que la Corte Constitucional (CC), antes de emitir su dictamen previo y vinculante de constitucionalidad, revisa todos los tratados y acuerdos internacionales que tiene que ratificar la Asamblea. Si observa que hay normas contrarias a la Carta Magna devuelve dichos convenios, por tanto, no son, ni pueden ser tramitados, peor ratificados.
Recordó el caso del acuerdo migratorio con el Perú, que tuvo que ser renegociado para ser ratificado a instancias, precisamente, de la sentencia de la Corte Constitucional.
Insistió que no es posible, bajo el actual ordenamiento jurídico, la presencia de instalaciones o personal militar permanentemente en nuestro país. Además, el Acuerdo con Venezuela no contempla la presencia de personal de inteligencia venezolana en territorio ecuatoriano.
El instrumento internacional establece acciones conjuntas, a fin de permitir que ambos países puedan colaborar en habilitar el uso de equipos o materiales destinados a la inteligencia, que es diferente a lo señalado por parte de ciertos sectores que han politizado el asunto.
Objetivos
Las áreas de colaboración técnico-militar fijadas en el presente convenio son: prestación de servicios, encaminados a garantizar el empleo del armamento y material de defensa en los ámbitos de inteligencia militar, operaciones de paz, homologación de gastos de defensa, investigación oceanográfica y programa antártico; colaboración en las líneas de modernización, transferencia de tecnología y desarrollo de las industrias de defensa.
También se orienta a la provisión de repuestos, material y medios auxiliares para el empleo de armamento disponible, así como la ejecución de trabajos de mantenimiento técnico y reparación para aeronaves, vehículos de combate, medios navales, sistemas de defensa aérea, equipos y armamento individual; financiamiento o facilitación de créditos en caso de así requerirlo dentro de los acuerdos complementarios que se realicen entre las Partes, para los efectos de venta o provisión de materiales y servicios; intercambio académico en áreas de entrenamiento y capacitación técnico-militar; y, otras áreas de cooperación que sean acordadas.
MG/eg
