Por iniciativa de la asambleísta Ximena Peña, en el Salón 1, de la Sede Legislativa, se desarrolló el Foro sobre las Perspectivas de la explotación petrolera en el Yasuní. En el acto estuvo presente la presidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, Zobeida Gudiño.
Mediante el sistema de videoconferencia con las Casas de la Asamblea Nacional de Estados Unidos y Canadá, los compatriotas migrantes conocieron detalles de la temática por parte del ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera y el gerente de Petroamazonas, Oswaldo Madrid.
Ximena Peña expresó que es un derecho de los ecuatorianos residentes en el exterior saber los temas de interés nacional, lo que permitirá que las políticas y decisiones públicas respondan al interés colectivo. A través de la deliberación se puede llegar a acuerdos de mayor consenso y legitimidad, puntualizó.
Avanzar en la estrategia de desarrollo
El Ecuador tiene que avanzar más rápido en su estrategia de desarrollo, más aún cuando caminamos tres veces más en los cambios en comparación de los pueblos de América Latina y el Caribe, destacó el ministro Rivera, al enfatizar que la pobreza ha disminuido del 37% al 23.7%.
Es fundamental reafirmar los avances en términos de la erradicación de la pobreza y el cambio de la matriz productiva. Con la explotación de los bloques 31 y 43 se obtendrían más de 18 mil millones de dólares, a un precio de 70 dólares por cada barril de crudo, lo que posibilitaría dar cobertura de agua potable, alcantarillado y manejo de residuos sólidos al 95% de la población, sostuvo.
Indicó que los GAD (municipios, gobiernos provinciales y juntas parroquiales) recibirán 3.700 millones de dólares adicionales, con lo cual especialmente la Amazonía tendría recursos suficientes para atender sus necesidades básicas. También habrá un crecimiento adicional del 5.3% de la economía nacional, subrayó.
Impacto ambiental mínimo
De su lado, Oswaldo Madrid aseguró que la explotación de los bloques 31 y 43 se hará con un impacto ambiental mínimo y que la actividad empezará en Tiputini, luego Tambococha y posteriormente en el campo Ishpingo, de acuerdo con el respectivo cronograma. Mencionó que en 1948 inició la explotación petrolera en el sector Tiputini 1.
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Los asambleístas Mauro Andino, Juan Carlos Cassinelli, Richard Calderón y Zobeida Gudiño, presidentes de las comisiones de Justicia, de Desarrollo Económico, de Gobiernos Autónomos y de Derechos Colectivos, respectivamente, defendieron los insumos que presentaron para el informe de la Comisión de Biodiversidad, respecto a la declaratoria de interés nacional de la explotación de los bloques 31 y 43.
Los legisladores aseveraron que la solicitud del Primer Mandatario tiene sustento en la norma constitucional y en los instrumentos internacionales, tras puntualizar que la generación de recursos por concepto de la explotación del crudo permitirá consolidar la lucha contra la pobreza en el país y avanzar en el cambio de la matriz productiva, a fin de garantizar el buen vivir para todos y todas.
Objetivos nacionales
Andino Reinoso destacó que el pedido de declaratoria de interés nacional para una posible explotación en áreas protegidas y zonas declaradas intangibles se somete a la disposición del artículo 407 de la Constitución y el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Dijo que la propuesta gubernamental se basa en el principio de régimen de desarrollo, para avanzar en el buen vivir, que habla de mejorar la calidad de vida y esperanza de los seres humanos, así como aumentar las capacidades y potencialidades de la población, construyendo un sistema económico justo, democrático, productivo y solidario; recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable.
Manifestó que la consulta previa y la consulta prelegislativa no caben ante un pedido de declaratoria de interés nacional, lo que –oportunamente- corroboró la Corte Constitucional. En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, la Comisión determinó que el planteamiento del Ejecutivo está apegado estrictamente al marco constitucional, legal y las normas de carácter internacional.
Crecimiento adicional de la economía
Entre tanto, Juan Carlos Cassinelli enfatizó que la Comisión de Desarrollo estableció que no podemos permitirnos esperar largos años para lograr el desarrollo, teniendo los recursos que permitirán lograrlo en menor tiempo; las tasas de crecimiento real de la economía experimentarán un “crecimiento adicional” que en su año pico podría ser de alrededor de 7.1%, en términos reales; que es necesario para el aceleramiento de la economía, la utilización de los recursos del ITT y B31, de la misma manera que se ha hecho hasta la actualidad: invirtiendo socialmente y en sectores estratégicos.
Señaló que con el barril de crudo a USD 70, se obtendrían USD 22.260 millones. Actualmente la economía del país es saludable, sin embargo, se busca avanzar rápidamente en el marco de un desarrollo sustentable que mejore la calidad de vida de la población, agregó.
Lucha contra la pobreza y por la equidad territorial
A su vez, Richard Calderón indicó que la pobreza ha disminuido del 42% al 33%, cuyos datos han sido confirmados por la Comisión Económica para América Latina, Cepal. Sin duda, todavía falta mucho por hacer y en este camino es fundamental las participación de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), en razón de las competencias y responsabilidades que les asigna la propia Constitución.
Mencionó que el 72% en el país tiene acceso al agua potable; poco más del 50% tiene la posibilidad de evacuar adecuadamente sus aguas servidas, a través de sistemas de alcantarillado; muy pocos municipios tienen un tratamiento técnico de desechos sólidos. Hasta 2017 se necesitarían dos mil 300 millones de dólares para que nuestros hogares, poblaciones y territorios accedan al agua potable, para eliminar, de una vez por todas, enfermedades gastrointestinales.
Informó que los GAD recibirían alrededor de tres mil 700 millones de dólares, acorde a un presupuesto de 70 dólares por barril de petróleo, a más de la Ley 010 y otras, que se destinarán para inversión social, con lo que se podría dejar atrás la inequidad territorial y los altos niveles de pobreza existentes en la Amazonía.
Comisión de supervisión
Mientras, Zobeida Gudiño recordó que la Comisión de Derechos Colectivos sugirió que el momento de tener accidentalmente algún avistamiento con los pueblos en aislamiento voluntario en esta área debería, de manera obligatoria, suspender, todo tipo de actividad que se efectúe; aplicación del código de conducta de parte de las empresas públicas y privadas, colindantes con los puntos intangibles, que están dentro de la zona; asignar un porcentaje de los recursos para garantizar la mitigación ambiental en los territorios donde se realizarán las actividades extractivas.
También, la conformación de una comisión técnica que supervise el cumplimiento de protocolos para la explotación limpia, con tecnología amigable con el medio ambiente; y, otra comisión de alto nivel con la participación de sabios ancianos (Yachay) en el sector de afectación, apuntó.
Hoy, es la oportunidad para hacer realidad el pago de la deuda que el Estado, como tal, tiene con la población de la Amazonía, que ha sido víctima de un olvido permanente, dijo, al resaltar la preocupación de Gobierno actual en la atención de las necesidades insatisfechas de la gente.
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La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, al indicar que existen 48 asambleístas inscritos para intervenir sobre el pedido para la explotación petrolera en los bloques 31 y 43, dispuso un receso en la sesión 253 del Pleno para reinstalarla a las 14:45.
Marcelo Solórzano, presidente de la Confederación de Trabajadores del Sector Público, en representación de este sector, así como de la Organización de Mujeres por la Vida y de la Federación de Indios (FEI), al ser recibido en comisión general, apoyó la petición del Presidente de la República de declarar de interés nacional la extracción del petróleo en los bloques 31 y 43, tomando en cuenta que la iniciativa está orientada a canalizar recursos para mejorar la vida de los más pobres de la patria.
“Hoy marcamos una nueva etapa en la transformación de nuestro país. Un Ecuador donde la esperanza y los sueños se pueden alcanzar y se hacen realidad. La Revolución Ciudadana se ha propuesto el reto de cambiar la matriz productiva y energética y cambiar las condiciones de vida de los habitantes amazónicos y del país. En suma el Ecuador del futuro”, enfatizó el presidente de la Comisión de Biodiversidad y ponente del proyecto de resolución, Carlos Viteri Gualinga, en el primer debate del pedido de declaratoria de interés nacional de la explotación de los bloques 31 y 43.
Previo a iniciar el primer debate del pedido de declaratoria de interés nacional la explotación petrolera de los bloques 31 y 43, el Pleno de la Asamblea Nacional recibió a una delegación del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, Conagopare.
La presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, en diálogo con los medios de comunicación enfatizó que los derechos de los pueblos en aislamiento constan y forman parte de la Constitución de Montecristi y en varias normativas internacionales y “eso para nosotros es de fiel cumplimiento y lo hemos asumido no solo como Asamblea Nacional sino que es una responsabilidad del Estado ecuatoriano”.
En el taller de trabajo del Grupo Parlamentario contra la Pobreza y Desigualdad participó Ana María Larrea, Secretaria Técnica para la Erradicación de la Pobreza, de SENPLADES, quien resaltó que el Gobierno cuenta con un sistema de planificación para ir cerrando la brecha de pobreza en el país.
Sostuvo que el Ecuador ha dado pasos significativos en la línea de mejorar la calidad de los servicios sociales desde la perspectiva de la garantía de derechos, al recordar que Senplades realizó una gestión muy fuerte, inédita en América Latina, que se llamó los costos del buen vivir, que permitió saber, a cabalidad, la situación y condición de cada una de las escuelas, de los hospitales, centros de salud, de las entidades públicas, en general, y la infraestructura existente en territorio, etc.
Como resultado de ese estudio, hoy tenemos claro que se requieren 47 mil millones de dólares para alcanzar el buen vivir, para garantizar los derechos desde la perspectiva de infraestructura pública; se ha puesto en marcha un plan de intervención que llega hasta el 2021, en función de desarrollar la necesaria infraestructura año por año, agregó.
Por primera vez, en la historia, ya sabemos cuánto vamos a invertir en servicios básicos y sociales de calidad anualmente y esa inversión cuánto nos aportará para construir la igualdad y cerrar las brechas sociales. Ello implica todo un proceso de fortalecimiento de capacidades de los operadores de servicios, junto a un empoderamiento desde las bases con inclusión social, dijo, al sostener que la estrategia es la generación de empleo, de producción y de incorporar a la población en la esfera productiva.
Aseveró que la participación ciudadana es clave para concretar este gran objetivo, lo que dará paso a la consolidación del poder popular.
Esfuerzos comunes
Entre tanto, la asambleísta Ximena Ponce, coordinadora del Grupo Parlamentario contra la Pobreza y Desigualdad, destacó que se pretende conjuntar ideas comunes con esfuerzos comunes que permitan resolver la problemática de la pobreza, con la articulación de los diversos niveles de gobiernos.
Tenemos que avanzar en el camino hacia el empleo digno, de la mayor cobertura de la protección social y el fortalecimiento de capacidades, manifestó, al recordar que el grupo, compuesto por 36 legisladores, desarrolla su acción en tres ejes: erradicación de la pobreza, la desigualdad y la economía popular y solidaria.
MG/pv
La asambleísta María Soledad Vela se encuentra en Estocolmo Suecia, en el “Chamber of the Riksdag” en calidad de miembro de la Junta Directiva del Grupo Parlamentario Interamericano (GPI) y como integrante del Grupo Tránsito Amaguaña (Capítulo GPI en Ecuador). Allí participa en la VI Conferencia de Parlamentarios para la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo.
La Comisión de Derechos Colectivos recibió a Leonardo Aguilar, Secretario del Acuerdo Nacional de Jóvenes y a Miguel Zambrano, presidente del Consejo Consultivo de los Niños, Niñas y Adolescentes quienes dieron sus aportes al proyecto de Ley de creación de los Consejos Nacionales de Igualdad.
