La asambleísta Mary Verduga, en su discurso inaugural, invitó a todos los presentes a impulsar esta propuesta, que fomenta una cultura de paz, dentro y fuera de los diferentes escenarios deportivos e intenta recuperar los espacios destinados al deporte para volver hacer de éste, una actividad de esparcimiento y entretenimiento familiar.
Virgilio Hernández, asambleísta por Pichincha, al exponer sus observaciones a los artículos del Código Penal referentes a esta temática, planteó una serie de conductas a vigilarse en los escenarios deportivos, como son: “el tipificar los delitos de estafa en la sobreventa de boletos, especificar en los agravantes de delitos en espectáculos públicos cuando se producen tres horas antes, durante y tres horas después, cuando no se monten planes de emergencia para cada evento deportivo.
Por otro lado Fabricio Villamar, concejal de Quito, fundamentó su intervención en la Ordenanza Municipal Regulatoria de Espectáculos Deportivos Masivos, en base a su experiencia dentro del Municipio Metropolitano. En su intervención especifico que se busca garantizar al espectador la posibilidad (como derecho) de comprar con antelación las entradas, escoger donde sentarse, para darle al público la tranquilidad de que el lugar a donde asista, cuente con las medidas básicas de seguridad y comodidad.
El Foro culminó, con una serie de preguntas e inquietudes planteadas por los asistentes, lo que aporta y enriquece las observaciones presentadas al Código Penal.
En la Casa Legislativa de Santo Domingo de los Tsáchilas se desarrolló el Foro “Ninguna camiseta vale más que la vida”, evento que tuvo amplia acogida y contó con la participación de autoridades, deportistas de diferentes disciplinas, integrantes de las ligas barriales, clubes deportivos, asociaciones de árbitros, la ciudadanía en general, entre otros.
Alrededor de tres mil afroecuatorianos se darán cita en la capital de la República del Ecuador, a fin de realizar una convención, marcha y vigilia nacional de visibilización, defensa a la democracia, al orden constituido y su inserción dentro las políticas sociales que lleva a cabo el gobierno nacional, pues es necesario que se tome en cuenta a este sector en las normativas legislativas que se aprueban en la Asamblea Nacional, subrayó la asambleísta Zobeida Gudiño.
El Pleno de la Asamblea inició el primer debate del proyecto de reformas a los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, de la Niñez y Adolescencia, Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, que tiene por objetivo el efectivo combate a la delincuencia, por ello, se establece el incremento de penas para determinados delitos.
La Comisión de Gobiernos Autónomos analiza el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que tiene como objetivo profundizar la transparencia en los procesos de contratación, eliminar el riesgo de perjudicar a las finanzas públicas y generar beneficios al conjunto de la sociedad.
Un representativo grupo de mototaxistas del país solicitó a la Comisión de Desarrollo Económico que en el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se incorpore la regulación de la actividad de los conductores de taximotos, mototaxis o tricimotos.
El Pleno, con 57 votos, aprobó la pro forma presupuestaria para el 2011, que asciende a 23 mil 950 millones 249 mil 957 dólares y la programación cuatrianual hasta el 2014, una vez que el Ejecutivo aceptó las observaciones de la Asamblea referentes al cálculo de las asignaciones para los gobiernos autónomos descentralizados y el rubro para el financiamiento de la construcción del Complejo Legislativo, que permitirá dotar de oficinas a los asambleístas en un espacio adecuado, considerando que hoy se encuentran dispersos en varios edificios.
En el transcurso de las dos últimas semanas, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por el asambleísta Mauro Andino, discutió 77 artículos del Libro Preliminar y la Parte General del proyecto de Código Integral Penal, cuyo informe borrador, para segundo debate, está en proceso de construcción.
El organismo analizó, entre otros puntos, la infracción penal; clasificación de las infracciones; concurso de infracciones; causas de exclusión de la conducta; tipicidad; dolo; culpa; omisión dolosa; antijuridicidad; estado de necesidad; legítima defensa; culpabilidad; trastorno mental; exención de responsabilidad en delitos contra el derecho a la propiedad; tentativa; desistimiento y arrepentimiento; mecanismo de aplicación de atenuantes y agravantes; circunstancias atenuantes de la infracción; concurrencia de la responsabilidad penal; individualización de la pena; penas privativas de libertad.
Menores infractores
Sin mayores observaciones, los comisionados ratificaron el texto respecto a que las personas menores de 18 años no serán imputables penalmente con arreglo a este Código. Estarán sometidas al Código de la Niñez y la Adolescencia y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas.
Responsabilidad penal de personas jurídicas
Tomando en cuenta el criterio de la Procuraduría General del Estado y de las Superintendencias, se estableció que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se extinguirá, ni modificará si hay concurrencia de responsabilidades con personas naturales en la realización de los hechos, así como de circunstancias que afecten o agraven la responsabilidad, o porque dichas personas hubieren fallecido o eludido la acción de la justicia; ni porque se hubiere extinguido la responsabilidad penal de las personas naturales, ni porque se hubiere dictado sobreseimiento provisional o definitivo de las personas naturales o del proceso.
Tampoco se extinguirá la responsabilidad de las personas jurídicas cuando éstas se hubieran fusionado, transformado, escindido, disuelto, liquidado o aplicado cualquier otra modalidad de modificación prevista en la ley.
Circunstancias agravantes
Para las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva y las infracciones contra la integridad y libertad personal, son circunstancias agravantes específicas las siguientes: Si la víctima es una persona mayor de 65 o menor de 18 años de edad, o con discapacidad; encontrarse la víctima al momento de la comisión de la infracción, al cuidado o atención en establecimientos públicos y privados, tales como los de salud, educación, culto, investigación, asistencia o refugio, en centros de privación de libertad o en recintos policiales, militares u otros similares.
También, haber contagiado a la víctima con una enfermedad grave, incurable o mortal; si la víctima estuviere o resultare embarazada, en puerperio o si abortare como consecuencia de la comisión de la infracción; compartir o ser parte del núcleo familiar de la víctima; aprovecharse de que la víctima atraviesa por una situación de vulnerabilidad, extrema necesidad económica o de abandono; si la infracción sexual ha sido cometida como forma de tortura, o con fines de intimidación, explotación, degradación, humillación, discriminación, venganza o castigo.
Tener el infractor algún tipo de relación de poder o autoridad sobre la víctima tal como ser funcionario público, docente o ministros de algún culto, que abuse de su posición para cometerlo, por funcionarios de la salud o personas responsables en la atención del cuidado del paciente; o cualquier otra clase de profesional, persona que hubiera abusado de su función o cargo para cometer la infracción; haber utilizado para cometer la infracción alguna sustancia que altere el conocimiento o la voluntad de la víctima; conocer a la víctima con anterioridad a la comisión de la infracción.
MG/pv
El asambleísta Andrés Páez, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, demandó del Consejo de la Judicatura que sancione a la jueza Noemí Santillán Bravo del Juzgado Décimo de Garantías Penales, que conoció el caso de la muerte del ciudadano Gabriel Reinaldo Caicedo Arévalo y declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la instrucción fiscal y dispuso la libertad de Jonnathan Gustavo Rentería Robayo.
La asambleísta Zobeida Gudiño expresó su apoyo a las actividades que se desarrollarán con oportunidad de conmemorar el mes de la afroecuatotrianidad, conjuntamente con organizaciones afroecuatorianas.
En la actualidad existe un alto nivel de sedentarismo de actividad física y deporte, los pocos logros a nivel internacional han sido individuales; los deberes y derechos de los ciudadanos y deportistas no son reconocidos, existe una estructura de sistema ineficiente y desorganizada, así como una mínima importancia a la educación física y la recreación, dando lugar a una ausencia de profesionalismo, aseguró el asambleísta Celso Maldonado, vicepresidente de la Comisión Ocasional de Deportes, al informar sobre los avances que contiene la nueva ley de esta materia, que debate el Pleno de la Asamblea.
