El proyecto de reformas a la Ley de Defensa Profesional del Artista, de autoría del parlamentario Francisco Ulloa Enríquez (MPD), entró a conocimiento y trámite de la Comisión de Educación, luego de su calificación en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El documento cuenta con el informe favorable de la Unidad Técnica Legislativa, la que concluye que cumple con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La normativa esablece el principio de igualdad de artistas nacionales y extranjeros residentes y un trato recíproco a los artistas extranjeros no domiciliados bajo el prinicipio de reciprocidad internacional; afianza el concepto que los derechos de este grupo de la población son intangibles e irrenunciables; posibilita que existan contratos verbales o escritos; incrementa de 25 al 50% el monto de contrato como anticipo.
También se hace extensivo el derecho a la seguridad social, la afiliación voluntaria para los artistas profesionales, actualizando el monto de dos mil sucres a un salario básico unificado del trabajador privado.
Además, se sustituye en el artículo 10 de la ley vigente, el texto que fuera declarado inconstitucional por el entonces Tribunal Constitucional, determinando que la autorización para el ejercicio de la profesión de artista debe ser otorgada por el Ministerio de Relaciones Laborales, coordinando con los gremios profesionales de artistas y la aplicación del Reglamento que dicte el Presidente de la República.
La iniciativa del asambleísta Ulloa, representante de la provincia de Cotopaxi, fija la capacitación profesional del artista como una política de Estado, a cargo del Ministerio de Cultura; el reconocimiento de pensión vitalicia para los artistas que han cumplido 25 años o más al servicio de la cultura, similar a los casos de los autores y compositores musicales o de los premios Eugenio Espejo y de los deportistas.
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Con la finalidad de establecer los mecanismos de relación entre las nacionalidades, pueblos indígenas, montubios y afroecuatorianos con los órganos del poder público y con otros sectores de la colectividad nacional, así como garantizar el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de estos grupos sociales, la Comisión de Derechos Colectivos preparó el primer borrador de la Ley Orgánica de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, al inaugurar el Foro sobre el proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, Transporte y Seguridad Social, subrayó que las propuestas legales mientras más se conozcan y participativas sean, tendrán mejores augurios porque se las hace a la luz pública.
La Comisión de Comunicación debatió el artículo de la cláusula de conciencia, que constará en la Ley Orgánica de Comunicación.
“Nuestro país posee recursos naturales no renovables que se deben aprovechar de manera sustentable y responsable, generando con estos ingresos políticas que promuevan una mayor equidad social y un desarrollo económico responsable”, dijo la asambleísta Zobeida Gudiño, respecto al conflicto presentado en la provincia de Zamora Chinchipe con los mineros informales.
El miércoles 21 de noviembre, la Asamblea Nacional del Ecuador y Ágora Democrática desarrollarán el Foro “La Nueva Asamblea Nacional y Su Legitimidad Democrática, en el que se analizará el quehacer parlamentario durante el período 2009-2012, en el contexto de la transformación constitucional. En este acto que se llevará a cabo de 15h00 a 20h00 en el salón del ex Senado, en la sede de la Asamblea Nacional, participarán reconocidos personajes a nivel nacional e internacional, asambleístas, académicos, políticos, analistas, entre otros.
Diego García y Carlos Pólit, Procurador y Contralor, respectivamente, están invitados a la Comisión Ocasional de Comunicación para mañana, miércoles, a partir de las 15h00, para que expresen su posición respecto a los medios públicos, informó la presidenta del organismo legislativo, la asambleísta Betty Carrillo.
Por unanimidad, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante, aprobó el informe del Convenio sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con Responsabilidades Familiares (Convenio 156 de la Conferencia General de la OIT).
Los legisladores Fernando Bustamante, Eduardo Zambrano, Betty Amores, Vethowen Chica, Linda Machuca, Wladimir Vargas, Fausto Cobo, César Montúfar y María Soledad Vela, respaldaron el documento, en razón de su importancia y trascendencia para el sector obrero del país.
Dicho instrumento cuenta con el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Según el organismo legislativo, el Convenio firmado por el Estado ecuatoriano y la Conferencia Internacional del Trabajo está acorde con nuestra normativa laboral, conformada por los mandatos constituyentes, la Constitución, el Código del Trabajo, la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, más aún cuando se orienta a velar por los derechos de los trabajadores, la eliminación de la precarización laboral.
También que los trabajadores realicen sus actividades en condiciones saludables, en labores libremente escogidas, con salarios dignos, capacitándoles para su progreso, sin discriminación alguna.
La normativa permite implementar políticas públicas que mejoren las condiciones de trabajo de las mujeres, marcadas por el subempleo, sobrecarga en la tarea y discriminación en el ingreso y participación, para lo que se requiere reducir la carga de cuidado, es decir, que debe existir la corresponsabilidad de compartir las labores dentro de la familia, así como facilitar servicios públicos universales.
El convenio fortalece y consolida disposiciones de la Constitución relativos a promover la maternidad y paternidad responsables, por tanto, la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos.
Determina que la responsabilidad familiar no debe constituirse por sí misma en una causa justificada para poner fin a una relación de trabajo, afianzando, así, el ejercicio pleno de los principios de maternidad y paternidad.
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“Las propuestas formuladas por ustedes, como representantes de las juntas de regantes y de los usuarios de los sistemas de aguas están recogidas en el informe para segundo debate de la Ley de Recursos Hídricos, pues queremos que esta ley dure 20 ó 30 años, porque significa un cambio estructural en lo que tiene que ver con la gestión y administración del agua”, subrayó el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, asambleísta Jaime Abril, frente a miles de campesinos e indígenas que fueron recibidos en las graderías de la entrada principal de la sede Legislativa.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Saruka Rodríguez, y los médicos Ángel Alarcón y Mario Montalvo, delegados de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía, Capítulo Pichincha, sostuvieron ante la Comisión del Derecho a la Salud, que el conjunto del pueblo ecuatoriano, en base a los principios de equidad, universalidad y solidaridad, libre y voluntariamente son potencialmente donantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se requerirá el consentimiento expreso de la persona, por escrito.
