Con siete votos a favor,
A partir del próximo lunes, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral iniciará un proceso de análisis del Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos y creación del Banco del Sur.
Mediante una resolución administrativa, presentada la tarde de hoy, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, dispuso al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que conozca e inicie el procedimiento emitido por la Corte Constitucional mediante Sentencia No. 001-10-SIN-CC, del 18 de marzo del 2010 y publicada en el Registro Oficial No. 176 de 21 de abril de 2010. Descargue aquí la resolución
En el marco de la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Servicio Público, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, presidida por Nivea Vélez, estableció las políticas de formación y capacitación permanente de los servidores públicos, a más de regular la figura de los servicios ocasionales.
En virtud de que las dos mociones previas presentadas en el Pleno para suspender la votación del proyecto de ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, no tuvieron el respaldo necesario para ser aprobadas, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, anunció que dicho documento solo será sometido a votación, después de que se realice una consulta prelegislativa, por cuanto su texto tiene relación con derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.
El titular de la Legislatura explicó que es su deber acatar la sentencia de la Corte Constitucional que dispone un procedimiento provisional para el ejercicio del derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos, establecidos en el artículo 57, numeral 17 de la Constitución.
Subrayó que la sentencia del máximo organismo de justicia constitucional es aplicable a todas las leyes que tramite la Asamblea que estén relacionadas con derechos colectivos, por tanto, “el proyecto de Ley de Recursos Hídricos será votado después de que haya la referida consulta”.
Cordero enfatizó que las sentencias de la Corte Constitucional son de cumplimiento obligatorio y en caso de desacato se aplican las sanciones determinadas en el artículo 22 de la Ley de Control Constitucional, que dispone: “…En caso de violación a trámite de garantías constitucionales o incumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez deberá sancionar a la persona o institución que incumple, de conformidad con las siguientes reglas: 4) En caso de que servidoras/es públicos incumplieren con la sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución. En caso de destitución del servidor omiso, el reemplazo debe cumplir el fallo bajo las mismas prevenciones...”
Mociones a favor de la consulta
La moción presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero buscaba que el Pleno resuelva la suspensión de la votación del informe de mayoría correspondiente a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, hasta que se declare el cierre la consulta prelegislativa y se declare oficialmente la terminación del mencionado proceso, presentando sus resultados. Dicha consulta debía someterse a los procedimientos establecidos por la Corte Constitucional.
Mientras que el asambleísta Jorge Escala (MPD) planteó suspender la votación del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Recursos Hídricos hasta que concluya el proceso de consulta prelegislativa a las comunidades, pueblos, nacionalidades, afroecuatorianos y montubios, que se celebrará de buena fe y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el artículo 6, numeral 1, literal a) y número 2 del convenio 169 de la OIT y el artículo 57, numeral 17 de la Constitución. En este caso, Escala proponía la creación de un Consejo de Consulta.
JLVN-EG
Por incumplimiento del estudio de impacto ambiental y violación a la Ley de Minería, por unanimidad, los miembros de la Comisión de Biodiversidad (11) aprobaron el informe presentado por la subcomisión que realizó una visita in situ a la localidad conocida como “Voluntad de Dios”, en el cantón Cascales, provincia de Sucumbíos, por el cual pide que el Ministerio del ramo revoque la concesión minera la empresa Best Gold.
La primera joya de la corona de este país, considerada así por su condición estratégica, económica, tanto para la región amazónica y para el Ecuador (campo Sacha), fue entregada a PDVSA, empresa que no realizó los estudios técnicos y ambientales respectivos ni tampoco la prospección sísmica y de perforación, dando lugar a que se constituya en una de las zonas más impactadas por 25 años de operación, dijo el ex dirigente sindical Fernando Villavicencio, al sostener que el contrato firmado con esta compañía contiene una serie de irregularidades.
La Comisión Ocasional Especializada, en el proceso de redacción del informe para segundo debate de la Ley de Educación General, aprobó el capítulo referente a la carrera educativa, el que contiene temas como el escalafón, mismo que constituye un sistema de categorización de los maestros pertenecientes a la carrera docente pública, según funciones, títulos, desarrollo profesional, tiempo de servicio y resultados de los procesos de evaluación que implemente el Instituto Nacional de Evaluación, así como la existencia de diez categorías.
El presidente del Parlamento Indígena de las Américas, José Poyo, mantuvo una reunión de trabajo con asambleístas de diversas bancadas legislativas y los miembros de la Comisión de Derechos Colectivos, con quienes compartió sus experiencias en materia legislativa relacionados con los derechos colectivos.
La Comisión de Biodiversidad, presidida por la asambleísta Rosana Alvarado, por unanimidad de los presentes (8), aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, que busca establecer los mecanismos mediante los cuales el Estado cumplirá su obligación de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, de forma permanente.
