El Pleno de la Asamblea Nacional debate las 14 observaciones que contiene la objeción del Mandatario a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que tiene por objetivo regular la jurisdicción constitucional, con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza; y, garantizar la eficacia y la supremacía constitucional y la organización de la justicia.
La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social invitó a los ministros de Finanzas, Patricio Rivera y de Educación, Gloria Vidal, para el miércoles de esta semana, a las 10h00 y 15h00, respectivamente, con el propósito de tratar temas relacionados con la entrega de rentas para las juntas parroquiales y el proceso de inscripción para octavos años de educación básica para el año lectivo 2010 - 2011.
Con la finalidad de conocer la base jurídica y analizar que no existan implicaciones contra la soberanía nacional, el asambleísta Francisco Ulloa formalizó el pedido de información a los ministros de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Fander Falconí Benítez; y de Gobierno, Gustavo Jalkh respecto a los convenios bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos.
Durante la comparecencia del Ministro de Salud Pública, David Chiriboga Allnutt, la asambleísta Pamela Falconí (AP) planteó la necesidad de contratar una auditoría externa para conocer a ciencia cierta la realidad del sector salud en el país.
Un amplio debate se dio con relación al proyecto de Ley Orgánica de Biodiversidad, propuesto por la asambleísta Lourdes Tibán, que tiene por objetivo regular la protección, conservación y manejo de la biodiversidad en el territorio nacional.
La Comisión de Gobiernos Autónomo mantiene reuniones con alcaldes, prefectos y juntas parroquiales
El asambleísta Rolando Panchana Farra, segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional, hizo público su proyecto de Ley de Comunicación, el que garantiza los derechos que tienen las personas, comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades a acceder a todas las formas, medios y servicios de comunicación, en su propia lengua y con sus propios símbolos.
En el último semestre, la Comisión de Soberanía, Integración Relaciones Internacionales y Seguridad Integral (5), bajo la presidencia del asambleísta Fernando Bustamante Ponce, tramitó siete convenios, recibió a 41 funcionarios estatales, especialmente ministros de Estado y organizaciones sociales con quienes se analizó temas referidos a la migración, la seguridad ciudadana, el supuesto espionaje telefónico, el uso de bases colombianas por parte de tropas norteamericanas, medidas para enfrentar los fenómenos naturales, entre otros.
El legislador, en su rendición de cuentas, recordó que, sobre la base de los informes del organismo, el Pleno aprobó el Tratado que crea el Sistema Único de Compensaciones Regionales (SUCRE); el Convenio Constitutivo Banco del SUR; Protocolo Facultativo del Tratado de Especies Amenazadas de Flora y Fauna y Vida Silvestre; Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Tratado de Complementación Económica con Chile; Convención Sobre las Municiones de Racimo; Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Igualmente, logró la aceptación mayoritaria de las bancadas del proyecto urgente de Derogatoria al Art. 38 de la Ley de Migración y de Amnistía a favor de los ciudadanos haitianos, afectados por el terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010
Además, en la última semana, la Comisión fortaleció el proceso de socialización en torno al pedido del Primer Mandatario de aprobación de la denuncia de 13 tratados bilaterales de inversión que se contraponen a las disposiciones constitucionales y que afectan, de alguna manera, la soberanía del país, luego que la Corte Constitucional presentó los correspondientes dictámenes favorables. En la misma línea, solicitó mayor información respecto de la CONVEMAR.
Los comisionados se trasladaron a la provincia de Sucumbíos, con el propósito de conocer, in situ, la situación de inseguridad y violencia que vive la población como consecuencia de la presencia de elementos irregulares colombianos, bandas organizadas de antisociales, secuestros y sicariato, al vez que solicitó de la Fiscalía la explicación sobre las acciones e investigaciones adoptadas, en relación a los aspectos descritos registrados en las zonas de frontera.
Con el ministro de Defensa, Xavier Ponce y el alto mando militar se analizó el proceso de contratación y adquisición de los helicópteros DRUHV de fabricación hindú, para la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Fernando Bustamante recibió a importantes delegaciones internacionales, entre ellas: parlamentarios coreanos; el embajador de China, Cai Runguo; legisladores de la Comunidad Europea; la embajadora de Estados Unidos, Heather Hodges; el embajador de Chile, Juan Pablo Lira; el embajador de Alemania, Peter Linder; el embajador de Rusia, Yan A. Burliay; parlamentarios europeos; el embajador de México, Ernesto Campos, el ex embajador del Perú, Vicente Rojas; y, el embajador de Irán, Majid Salemi
A título personal, el asambleísta Fernando Bustamante, alcanzó el apoyo mayoritario del Pleno para las resoluciones de rechazo a declaraciones de Juan Manuel Santos y Noemí Sanín por ser ofensivas a la institucionalidad democrática ecuatoriana; y, de solidaridad con la República de Chile, por el terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010.
MG/pv
Legisladores de distintas tendencias políticas defendieron la atribución fiscalizadora de la Asamblea. En este marco, el asambleísta César Rodríguez anunció que en la sesión 194 del Pleno, de este martes, presentará un proyecto de resolución orientado a rechazar las declaraciones del Presidente de la República, en el sentido que destituirá a los ministros y funcionarios que remitan información solicitada directamente por parlamentarios y no por medio de la Presidencia de la Asamblea.
Rodríguez subrayó la necesidad de ratificar que Ecuador es un Estado constitucional y democrático en el que nadie, ni el Ejecutivo, esta sobre la Ley. Por tanto, los asambleístas elegidos por mandato popular, a quienes les corresponde el control político, son los llamados a ejercer una adecuada fiscalización.
Dijo que también es fundamental rechazar el contenido de la carta dirigida al Presidente de la Asamblea, a “quien indirectamente le ordena violar la Constitución y la Ley, llamándole incluso a no procesar los pedidos de información, poniendo una barrera definitiva contra todo intento de fiscalización y control político a su gobierno”.
Entre tanto, Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Fiscalización, argumentó que la Constitución establece la atribución y la competencia que “tenemos los asambleístas de legislar y fiscalizar; uno de esos mecanismos es el requerimiento de información, de manera individual, sin autorización previa de ninguna instancia directiva”.
Precisó que en la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa consta el procedimiento de requerimiento de información, así como los pasos a seguir cuando éste no es atendido oportuna y debidamente, lo que determina la posibilidad de que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, decida la comparecencia del funcionario a una de las comisiones especializadas permanentes.
Eso está claramente establecido y no admite discusión, aclaró, al enfatizar que ha habido abuso de este mecanismo, no obstante, los requerimientos deben estar contextualizados en las restricciones fijadas en la Ley, especialmente cuando se trata de temas de seguridad del Estado o que pretenden interferir en casos de la justicia.
De su lado, Abdalá Bucaram aseguró que la amenaza del Mandatario constituye un intento de impedir la fiscalización en el país y una nueva “demostración de que Correa representa a la nueva partidocracia y oligarquía en el Ecuador”.
Citó normas de 1998 y las dictadas por la Comisión de Legislación y Fiscalización, que hoy el Presidente de la República promueve que los ministros las violenten e incumplan con sus funciones, reeditando, así, las viejas prácticas del Congreso de la partidocracia.
El rector de la Universidad Central del Ecuador, Edgar Samaniego, al ser recibido en la Comisión de Educación solicitó que la Ley de Educación Superior no solo debe prohibir la presencia de los partidos políticos sino buscar los mecanismos necesarios para penalizar su injerencia en las universidades.