En sesión conjunta, los miembros de las Comisiones de los Derechos de los Trabajadores y de Educación, con la concurrencia de los subsecretarios de los ministerios de Educación y Relaciones Laborales, Verónica Falconí y Francisco Vaca, respectivamente, asambleístas maestros, la presidenta de la UNE, Mery Zamora, Mariano Morocho, delegado de la CONAIE; técnicos y delegados de educadores populares y Contrato Social, analizaron el Art. 92 y 93 del proyecto de Ley de Servicio Público, en el que se excluye al magisterio de esta normativa legal.
Esta resolución lo tomaron los integrantes de la Comisión de Biodiversidad, presidida por la asambleísta Rosana Alvarado, luego de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), resolvió que este organismo se encargue de analizar las reformas propuestas por el legislador Pedro de la Cruz.
Con 6 votos afirmativos de los asambleístas Francisco Velasco, Juan Carlos Cassinelli, Viviana Bonilla, Betty Amores, Irina Cabezas y Vanessa Fajardo, la Comisión de Régimen Tributario y Económico aprobó el informe de mayoría para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, cuyo espíritu es que el Banco Central tenga un solo balance con dos sistemas de información contable.
El fiscal General, Washington Pesántez Muñoz, tras exponer las pruebas de descargo dentro de de la sustanciación del juicio político solicitado en su contra, defendió su gestión al frente de la Fiscalía, misma que se respaldaría en el fortalecimiento institucional, la dotación de infraestructura inmobiliaria y técnica, incorporación de nuevo personal, entre otros parámetros, a la vez que pidió a la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Silvia Salgado Andrade, archive la causa, por considerar que no se ha probado incumplimiento alguno al mandato constitucional y legal, en el ejercicio de sus funciones.
Varios ciudadanos, en su mayoría fiscales, comparecieron esta tarde y noche a la Comisión de Fiscalización en la etapa de recepción de las pruebas de cargo y descargo dentro del proceso de pedido de juicio político al Fiscal General del Estado, Washington Pesántez.
El titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, en comunicación dirigida al presidente de la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), Delfín Tenesaca, ratificó que “la mayoría de asambleístas estamos totalmente comprometidos con la desprivatización del agua y el respeto a las múltiples disposiciones constitucionales relacionadas con el agua, entendida como un derecho humano fundamental e irrenunciable, que además es patrimonio nacional estratégico”. Descargue el documento aquí.De esta manera el Presidente de la Asamblea Nacional respondió a las demandas de la Ecuarurani en torno al proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua.
Reiteró que esta víspera aceptó el pedido de la Comisión de Soberanía Alimentaria de ampliar el plazo para la entrega del informe para segundo debate del proyecto en referencia y que ha condicionado tal ampliación a que se le presente en forma inmediata una programación de los debates que tendrá la comisión al menos tres días a la semana, a fin de ajustar el texto final, concediendo prioridad a lo que han denominado nudos críticos.
Adicionalmente, le informa que ha solicitado a todos los asambleístas que integran la comisión y que han abandonado los debates que se reintegren a los mismos, con el fin de que el diálogo sea el que anteceda a las resoluciones de la comisión y no las posiciones individuales, expuestas a través de los medios de comunicación.
He pedido al Presidente de la Comisión que cree las mejores condiciones posibles para que durante los debates, que son públicos, puedan hacerse comisiones generales para crear oportunidades a que las diferentes organizaciones y personas que tienen propuestas sobre la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua puedan intervenir en un marco de una amplia participación ciudadana que se caracterice por la amplitud y tolerancia democráticas, aseguró.
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La reconsideración del artículo 103, respecto al uso de agua fue el acuerdo alcanzado luego de la reunión mantenida entre los representantes de los productores camaroneros, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Rolando Panchana y los asambleístas Ramiro Terán y Susana González de la Comisión de Soberanía Alimentaria.
Hoy, por tercer día consecutivo, la Comisión de Fiscalización continuó con la sustanciación del proceso de juicio político contra el fiscal General del Estado, Washington Pesántez. En esta ocasión, los asambleístas acusadores presentaron las correspondientes pruebas de cargo.
“Nosotras y nosotros, al momento de plantear el juicio político con varios argumentos que sustentan las cinco acusaciones, nos quedamos cortos frente a los testimonios de hombres y mujeres que han venido, sin inmunidad, a relatar la serie de irregularidades que se han cometido en la Fiscalía, con la anuencia del doctor Washington Pesántez”, subrayó la asambleísta María Paula Romo, al concluir la fundamentación de la solicitud de juicio político en contra del Fiscal General del Estado.
Sobre la base de la información proporcionada por la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), y el Instituto de Higiene Izquieta Pérez, se evidenció que el Estado no tiene una competencia directa e institucional que controle, dirija, regule a las empresas embotelladoras de agua, así como tampoco existe un conocimiento cabal del volumen total del agua que circula en el país y el control de calidad, precisó la asambleísta Marángel Muñoz, al proponer que en las leyes del Consumidor y de Recursos Hídricos se tomen los correctivos del caso.
