El director de sanidad de las Fuerzas Armadas, coronel Fernando Cartagena, en su comparecencia ante la Comisión del Derecho a la Salud, presidida por Carlos Velasco, solicitó que se respete la autonomía del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y que en consecuencia se lo excluya de la Ley de Seguridad Social.
La Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Guillermina Cruz Ramírez, convocó , para este miércoles, a las 17:00, a los miembros del organismo a la sesión 63, en la cual el asambleísta Washington Cruz Plaza, expondrá el proyecto de Ley Orgánica de Protección e Igualdad de Derechos de las y los Migrantes Ecuatorianos Residentes en el Exterior y de sus Familiares, que tiene por objetivo crear programas especiales de vivienda para que nuestros compatriotas puedan obtener crédito con facilidades, dentro y fuera del Ecuador.
En la sesión # 11 de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, en la que se realizó una rendición de cuentas, la Subcomisión para tratar temas relacionados con el Banco Nacional de Fomento (BNF), informó que tiene listo el primer borrador del proyecto de Ley Orgánica para la creación del Banco de Desarrollo Rural (BDR).
La Comisión de Fiscalización tenía la facultad de archivar o recomendar el juicio político contra el Fiscal General de la Nación, Washington Pesántez, con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes (seis); como no obtuvo dicha mayoría, y en virtud de que en la Ley Orgánica ni en el Reglamento de las Comisiones se prevé una situación como ésta, no hay juicio, ni archivo porque no existe informe motivado emitido por este organismo, subrayó el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva.
Algunas aclaraciones para los ciudadanos y ciudadanas de Pichincha. No las dirijo al Sr. Peñaherrera, porque tengo la impresión de que su interés no es cuestionar mi gestión, sino ser entrevistado por los medios de comunicación. Ahora, que él ha logrado su objetivo, considero mi deber compartir con ustedes toda la información relacionada con este pedido:
1. La revocatoria del mandato es una institución creada para que los ciudadanos puedan controlar, pedir cuentas o incluso retirar el encargo a sus representantes. Cualquier ciudadano tiene el derecho de activarla, solicitando a la autoridad electoral los formularios en los cuales debe probar que tiene el apoyo de otras personas.
2. Según la Constitución y el Código de la Democracia se requiere para convocar el proceso electoral en que se puede revocar o no un mandato, el apoyo del 10% de los ciudadanos del correspondiente padrón. En las elecciones del 2009, la provincia de Pichincha tuvo 1’850.516 electores, es decir, el pedido de revocatoria debería ser firmado por 185.051 personas.
3. El Sr. Peñaherrera ha solicitado los formularios para este proceso con el argumento de que no asistí a la reunión de la Asamblea del día 17 de noviembre de 2011 en que se votó una resolución (resolución es igual a opinión; resolución no es decisión) respecto a la Ley de Fomento Ambiental, pues los asambleístas tratábamos de impedir que la reforma tributaria se apruebe por el ministerio de la ley. Insisto, lo que se propuso y finalmente se votó y aprobó (pues las resoluciones requieren solo la mitad más uno de los presentes) no tuvo ningún efecto jurídico en el tratamiento de la ley.
4. Para que podamos hacer memoria, la sesión en que esto se discutió el miércoles 16 de noviembre durante todo el día, pasada la media noche, el Presidente Cordero suspendió la sesión. Según manda la ley las sesiones se deben convocar con 48 horas de anticipación. Sin embargo, el Presidente Cordero, al día siguiente, a las 12h30 convocó para la continuación de esta sesión a las 15h30. Fue la primera y única sesión que se convocó sin la anticipación de dos días y eso provocó que varios asambleístas estén en apuros para asistir. Afortunadamente, Francisco Cevallos, mi asambleísta alterno estaba en Quito y le pedí tan pronto como me enteré de la convocatoria que asistiera al Pleno, lo que en efecto sucedió.
A continuación, mi intervención en el Pleno en la que queda clara mi posición sobre este tema:
http://www.youtube.com/watch?v=wfPZgBpbp1s&context=C345b70dADOEgsToPDskKhyHwo535VA1s3h8mBxW3V
Finalmente, cuando se presenten las 185.000 firmas empezaría un período de campaña en que cada posición presenta sus argumentos a la ciudadanía. Me alegrará tener la oportunidad de debatir y rendir cuentas de formas más extensa. ¿Será necesario explicarle al Sr. Peñaherrera todos los detalles que evidentemente desconoce sobre el funcionamiento del Legislativo y sobre mis posturas políticas?
María Paula Romo
La presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira, en diálogo con los medios de comunicación enfatizó que los derechos de los pueblos en aislamiento constan y forman parte de la Constitución de Montecristi y en varias normativas internacionales y “eso para nosotros es de fiel cumplimiento y lo hemos asumido no solo como Asamblea Nacional sino que es una responsabilidad del Estado ecuatoriano”.
En vista de que no se habrían tomado en cuenta aspectos relacionados con la desprivatización del agua, en lo que tiene que ver con las envasadoras; una disposición que deje sin efecto la concesión a Interagua, que impida la actividad minera en los alrededores de las fuentes de agua y proteja los manglares, el asambleísta Pedro de la Cruz, anunció que presentará un informe de minoría, que cuenta con el respaldo de las juntas administradoras de agua y de los dirigentes de la Fenocin, Fenacle y el observatorio Ciudadano de Guayaquil.
La Concordia no tiene conflictos territoriales ni de pertenencia, por tanto la consulta jamás debió ser convocada pues es inconstitucional e ilegal, dijo categóricamente, el legislador Línder Altafuya (MPD), tras anunciar que la comunidad de Esmeraldas defenderá su heredad territorial.
Con esta oportunidad, alertó que existe una marcada diferencia entre la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en torno al número de votantes en el cantón La Concordia.
Comentó que según el INEC el número de electores no superarían las 23 000, sin embargo, el CNE ha establecido que el padrón está conformado por 29 198 electores, lo que hace presumir que habría un padrón electoral inflado que no garantizaría la realización de un proceso electoral transparente.
Bajo estos antecedentes, Altafuya Loor solicitó al titular del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, una explicación urgente al respecto, además que se reciba en audiencia al Comité Cívico de Esmeraldas, para aclarar estos hechos.
Puntualizó que al organismo le corresponde garantizar un proceso transparente y demostrarle al país su independencia frente al Presidente de la República.
Advirtió que la población esmeraldeña adoptará todas las acciones legales que contempla el Código de la Democracia, a fin de que en este proceso no se susciten irregularidades y que demandarán la implementación de auditorías al sistema informático que se utilizará para esta consulta.
Finalmente, Línder Altafuya indicó que el Comité Cívico decidió efectuar una consulta popular a nivel de toda la provincia, en la cual se preguntará a la gente esmeraldeña si está de acuerdo con que el cantón La Concordia pase a la jurisdicción de Santo Domingo de los Tsáchilas o permanezca como parte de Esmeraldas.
MG/pv
Los asambleístas Heny Cuji, Alfredo Ortiz y Nivea Vélez, del grupo ADE, anunciaron que presentarán una solicitud al Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, con la finalidad que disponga que el caso del Fiscal General del Estado regrese a la Comisión de Fiscalización y Control Político para que remita un informe motivado para el archivo o recomendación de juicio político.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Scheznarda Fernández, advirtió que, por cuatro ocasiones consecutivas ha solicitado al presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS- Ramiro González, los estudios actuariales que les permitirá elaborar el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Jubilación Especial de la Mujer, sin que hasta la presente fecha lo concrete.
