El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, en un enlace radial desarrollado esta mañana en Quito, con la participación de los periodistas Gonzalo Rosero, Diego Oquendo, Carmen Andrade y Miguel Rivadeneira, reiteró que el proyecto de Ley de Comunicación, por sí solo, se está ganando los votos para ser aprobado en el Pleno.
La presidenta de la Comisión Especializada de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, Irina Cabezas, subrayó que el proyecto de Ley Derogatoria a la Ley de Creación de la Comisión Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, Conefa, es plenamente viable, ya que elimina la duplicidad de organismos para atender un mismo objetivo y devuelve la rectoría y ejecución de las políticas públicas al Estado.
Por razones de conservación ambiental, étnico culturales o de población, en el marco de las circunscripciones territoriales, se establece la constitución de regímenes especiales, distritos metropolitanos, consejo de gobierno de la provincia de Galápagos y circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, aseguró el asambleísta Paco Moncayo, al resaltar los beneficios del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
La asambleísta Aminta Buenaño, al señalar que el informe de minoría que suscribió junto a Carlos Samaniego, Mariángel Muñoz y Marisol Peñafiel, al cual se sumó Rocío Valarezo, tiene por objetivo reordenar todo el sistema nacional de cultura y desarrollar los preceptos constitucionales referidos a los derechos culturales que les asiste a todos los ecuatorianos, tras indicar que al momento existe un caos en las 64 instituciones del sector, por tanto, la ley debe delinear la conformación de una institucionalidad que permita la gestión de los diversos campos de la cultura, con una lógica ejecutiva, técnica y política.
El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en cumplimiento del artículo 66 de la Constitución, notificó al titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, la declaratoria del estado de excepción en la provincia del Carchi, cuyo decreto ejecutivo fue expedido para garantizar la captación, provisión, producción, almacenamiento y distribución de agua para el consumo humano y uso agropecuario y evitar una grave conmoción interna en ese territorio.
Con un total de 46 intervenciones, en dos días de discusión, el Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público, de 137 artículos, que busca regular la administración pública, a fin de brindar un servicio a la colectividad, con base en los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, planificación, transparencia y evaluación.
El asambleísta Armando Aguilar, representante de la provincia de Sucumbíos y una veintena de representantes de las organizaciones sociales, sindicales, discapacitados, afrodescendientes, trabajadores petroleros, juventudes y transportistas, anunciaron que se unen a la marcha por la democracia y se mantendrán vigilantes ante cualquier intento desestabilizador.
Aguilar indicó que en el actual proceso revolucionario se ha hecho posible la inclusión de amplios sectores sociales y ciudadanos en una política pública de equidad y de justicia, que los sueldos de los maestros sean dignificados, se asegure la educación gratuita hasta el nivel superior, desarrollo en todos los ámbitos como el económico, vial, social y educativo, por lo que respaldarán la marcha por la democracia.
Señaló que las verdaderas organizaciones sociales buscan construir un país equitativo y justo, en paz y en democracia y que cualquier discrepancia se la debe superar en el ámbito del diálogo, por lo que no cederán espacios por presión o actos de fuerza que pueden ser utilizados peligrosamente por sectores políticos empeñados en desestabilizar o propiciar un golpe de estado, que no lo van a permitir.
Informó que están por llegar a Quito dirigentes de las nacionalidades Kichwa de Sucumbíos, quienes han decido no acudir al llamado de la Conaie y respaldar el proceso pacífico que llevan con alegría, en paz y fundamentalmente con la inclusión de todos los sectores sociales.
Por su parte el presidente nacional de “Coordinamos Ecuador”, Jorge Barreto, declaró que las organizaciones sociales, el pueblo afro, montubio, cholo y nacionalidades decidió apoyar este proceso de desarrollo, porque se ha insertado a los indios, cholos, discapacitados y todos los pobres del país. Hay personas que están siendo utilizadas por fuerzas de extrema derecha, por lo que rechazan cualquier intento de desestabilización de la democracia.
El secretario general del Consejo de la Unidad Afroecuatoriana (Conaue) y miembro del Frente Político del Pueblo Afrodescendiente, David Quiñónez, indicó que desde el domingo pernoctan en la Plaza Grande, en el centro de Quito, haciendo vigilia para defender la democracia y el orden constituido, considerando que en 200 años vida republicana, los afroecuatorianos recién tienen espacios de decisión, a la vez que anunció que hasta el jueves próximo tendrán un colectivo de 3000 afrodescendientes defendiendo la democracia.
Entre tanto, Gilberto de la Rosa de Santa Cruz, presidente de los Pueblos Cholos del Ecuador, manifestó que se han unido a las 575 organizaciones existentes al proyecto de cambio, porque han visto que se han hecho carreteras y muchas obras en beneficio de la mayoría de ecuatorianos, criterio que fue respaldado por Luis Mejía, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi de Pichincha.
A su vez, Manuel Narváez, representante de los trabajadores petroleros de las provincias de Orellana y Sucumbíos, sostuvo que acompañarán al proceso ciudadano en defensa de la democracia.
Teddy Andaluz, presidente de la Federación de Discapacitados de la provincia de Los Ríos, dijo que respaldan la marcha, porque están conscientes de la labor que desarrolla a favor de este sector vulnerable.
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Una amplia agenda desarrolló la Comisión de Derechos de los Trabajadores, presidida por la asambleísta Nivea Vélez, con la visita de gremios y organizaciones sociales vinculados con la optometría, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la actividad florícola y la estatal de telecomunicaciones de Emetel.
Considerando la actual coyuntura y la inminencia de una regulación normativa de la consulta previa, bajo el liderazgo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión de Derechos Colectivos, presidida por el asambleísta Marco Murillo, alista un taller de capacitación para la aplicación del Convenio 169 de la OIT, que será dictado por técnicos especialistas de la Organización Internacional del Trabajo.