Freddy Carrión, defensor del Pueblo, acudió a la Comisión Ocasional de Desaparecidos, con el propósito de hablar sobre este fenómeno social y la situación de Michelle Montenegro. Alertó que el tema de desaparecidos se está convirtiendo en una práctica sistemática, pues ya no se tratan de hechos aislados.
Actualmente la desaparición de una persona no se registra en algunos años, sino que son varias en un mismo año, por lo que es fundamental evaluar la acción que desarrolla el Estado. Igualmente, se hace necesario cambiar el concepto de acto administrativo por indagación previa, que maneja la Fiscalía, tomando en cuenta que se configura el cometimiento de un delito penal, esto permitirá agilizar los procedimientos de investigación, enfatizó.
Precisó que en este tipo de casos se vulneran derechos que tienen que ver con la vida, la libertad, integridad física y seguridad psíquica. Esta clase de delitos pueden estar relacionados con la trata de personas, femicidio, tráfico de órganos, abuso sexual y otros conexos, agregó.
Insistió que el Estado debe tutelar y reglamentar esta situación con un enfoque de derechos, tras señalar que es clave activar procedimientos y protocolos inmediatamente que se presenta la denuncia, a fin de precautelar la vida de un ciudadano. Hay que eliminar ciertos sesgos e incluso juzgamiento de tipo moral que hacen fiscales y policías cuando está en juego la desaparición de mujeres, ya que afectan a los familiares de las víctimas.
Recordó que Michelle Montenegro fue reportada como desaparecida el 5 de junio de 2018 y la denuncia se hizo el 6 de junio, a las 14:00. Indicó que la Defensoría del Pueblo inició su tarea el 13 de junio, que se refiere a una vigilancia procesal, tratado de verificar que se cumpla el debido proceso.
Observó que tres fiscales han conocido el tema, lo que limita que la investigación avance normalmente y obtenga resultados a la brevedad posible. Mencionó que incluso la Fiscalía calificó de reservada a algunas diligencias procesales en este caso.
“Los fiscales y jueces nos impiden el ingreso en audiencias que se tratan aspectos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolecentes, así también de desaparecidos, bajo el argumento de reserva de diligencias de investigación, lo que contradice la norma constitucional”, aseguró Carrión.
MG/ea
Asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe | Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales | Movimiento CREO
