La reforma planteada busca cambiar parte del articulado del Código Integral Penal para castigar con mayor severidad a los perpetradores de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, que lo hacen de forma sistemática o generalizada, pudiendo llegar la pena hasta un máximo de 37 años que es lo que la ley permite, aseguró la asambleísta Amapola Naranjo.
La legisladora presentó la mañana de este viernes 20 de octubre la “Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes” con el respaldo de 20 asambleístas y la aspiración de que la propuesta cumpla de manera sumaria con los trámites necesarios para llegar hasta el pleno y convertirse en una realidad, lo antes posible.
“Para eliminar esta lacra social cambiaremos las leyes que sean necesarias cambiar”, señaló la proponente haciendo referencia a la ola de denuncias de delitos sexuales perpetrados en instituciones de educación públicas y privadas y en otros centros de enseñanza a menores. Hay que mencionar, dijo, que las denucnias que se están presentando llegan como consecuencia de acciones legislativas concretas, entre ellas la creación de la Comisión Especial AAMPETRA, cuyo nombre emblemático se tomó por los abominables hechos registrados en la Academia Almirante Pedro Traversari.
Con las reformas propuestas buscamos que la pena para este tipo de delincuentes sean contundentes y ejemplificadoras. “Estoy solicitando que se aplique todo el peso de la ley a los perpetradores de estas aberraciones. Que la pena llegue hasta los 37 años, con agravante, de prisión en los casos pertinentes”, explicó. Añadió que este tipo de decisiones deben complementarse con acciones prácticas como campañas de concienciación y procesos educativos específicos para la etapa de prevención, así otro tipo de acciiones para la recuperación emocional tanto de la víctima como de su familia.
“Los malos tratos, abusos y violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes son una lacra histórica presente en todas las sociedades, culturas y estratos. Estas conductas son el resultado de la interacción familiar y cultural, actos de violencia y abusos se presentan en todos los espacios de interrelación social: familia, comunidad e instituciones educativas”, señaló y dijo que es responsabilidad de toso,trabajar para solucionar este lascerante problema.
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión De Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología |
