El proceso que impulsa la CIDH repercute a nivel nacional, explicó, puesto que obliga a detener todo trámite referente a la aplicación de los resultados de la Consulta. Con respecto a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no debe darse su remoción y peor aún dar paso a la conformación de un nuevo organismo.
El tiempo nos dio la razón, dijo. Recordó que junto a otros asambleístas y autoridades leales al proceso, cuestionó de manera oportuna ante la Corte Constitucional ésta y otras irregularidades de la convocatoria a la Consulta. “El Amicus Curiae presentado hacía referencia justamente a la violación de los derechos básicos de los Consejeros del CPCCS y a la falta de apego a la constitución en el proceso de convocatoria a la Consulta”, explicó. Hablando de este tema contó que existen precedentes. En Colombia y Costa Rica ya se registraron este tipo de arbitrariedades y esos países tuvieron que sujetarse a los organismos internacionales, igual sucedió en Uruguay, en 2011 en el caso Gelman vs Uruguaya.
La asambleísta Naranjo señaló también que este tipo de decisiones internacionales en nada afectan la soberanía y que Ecuador tiene una larga historia que hace referencia a su sujeción a los organismos internacionales y a los tratados y convenios internacionales legalmente reconocidos.
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión De Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología |
