Dentro de las 21 sesiones ordinarias de la comisión de seguridad, donde se ha recibido en comisión general a 51 representantes institucionales, gremiales y sociales, se ha debatido de manera amplia, todos los factores que conduzcan a la efectiva implementación de un marco jurídico que regula el uso de la fuerza por parte de servidoras y servidores de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Una norma que en definitiva busca la protección integral y la seguridad ciudadana de la sociedad ecuatoriana, apegadas siempre al respeto a los derechos humanos. Como debe ser.
En el análisis y razonamiento elaborado por los miembros de la comisión se han revisado un sin número de artículos de la constitución de la república, pero yo me quiero referir puntualmente al articulo 3 numeral 8; Son deberes primordiales del Estado:
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a UNA CULTURA DE PAZ, a la seguridad INTEGRAL y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción
En este sentido La Comisión de seguridad ha puesto en evidencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional y de la ciudadanía en general, que el debate y discusión en relación con el uso de la fuerza debe ser comprendido en su correcta dimensión.
Lo han manifestado en el informe los expertos constitucionalistas, y han coincidido en reconocer que existe una legítima demanda ciudadana de mayor seguridad INTEGRAL
Y lo manifiesta el mismo informe cuando menciona que: En este marco, el uso de la fuerza no puede ser la respuesta única, exclusiva o primaria a un problema MULTIDIMENSIONAL y complejo que requiere atención INTEGRAL desde la política pública.
Según el artículo 163 de la Constitución del Ecuador.
Art. 163.- La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es ATENDER LA SEGURIDAD CIUDADANA y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.
Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, control, PREVENCIÓN del delito y utilización de medios de DISUASIÓN y conciliación como alternativas al uso de la fuerza.
Como se puede constatar en el segundo inciso del artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador, la Policía Nacional está formada para que el uso de la fuerza no sea sino el ÚLTIMO RECURSO AL QUE RECURRA, sin embargo, al ser la institución responsable de la protección interna y el mantenimiento del orden público es necesario justamente normar este recurso
Cabe mencionar también lo expreso en el artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador; que dispone que: el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones INTEGRADAS tendientes entre otros objetivos a prevenir la comisión de infracciones y delitos.
En el entendido del proyecto la presente ley busca regular y normar el uso legítimo de la fuerza, pero es oportuno y no menos importante mencionar que una de las aristas neurálgicas para el desarrollo de una cultura de paz es precisamente la PREVENCION.
Es por eso que, como medida de prevención, y buscando justamente esa cultura integral de seguridad ciudadana, considero que la educación es uno de los ejes fundamentales para alcanzar la referida prevención.
Por eso me refiero a las acciones INTEGRADAS que son responsabilidad del estado ecuatoriano implementar y que serán de muchísima utilidad a través de la formación académica de la policía nacional, pero no solo de la policía nacional, sino de la ciudadanía en general.
Se requiere de instituciones de educación superior especializadas en el ámbito de la seguridad ciudadana, la inteligencia estratégica y la investigación criminal.
Instituciones de educación superior que deben ser públicas y gratuitas, para todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y que busquen, como este proyecto que hoy estamos tratando en este pleno, llevar a la sociedad ecuatoriana a través de las diferentes instancias estatales hacia la tan anhelada cultura integral de paz y seguridad ciudadana.
